Tegucigalpa. El gobierno de Honduras señaló este día que los entes de justicia penal del país deben observar el debido proceso, así como el derecho de defensa y el principio de inocencia, en relación a la captura de la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
En ese sentido, el gobierno de Honduras, a través de un comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional, aseguró que estos derechos se deben respetar ante un señalamiento de esta índole.
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Según el gobierno hondureño, estos derechos se deben respetar tanto en casos de alto perfil público, como en cualquier otro.
De la misma manera, citó mediante el escrito que el Poder Ejecutivo respetará la independencia de los órganos de justicia nacional.
Nadie por encima de la ley
Por su parte, casa presidencial también compartió a través de su cuenta de Twitter esto: “Nadie está por encima de la ley”.
Pero de la misma forma, afirmó que los entes deben de observar el debido proceso; esto, en cuanto al caso de la exprimera dama.
A continuación el mensaje compartido por Casa Presidencial este miércoles:
https://twitter.com/Presidencia_HN/status/968976388744151040
Caso de la “Caja chica de la dama”
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) se adjudicó el apoyo al Ministerio Público (MP) por la captura de la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo.
La vocera interina de la MACCIH, Ana María Calderón Boy, explicó que la exfuncionaria fue capturada por orden del tribunal contra la corrupción.
Lo anterior, tras cuatro meses de investigación. Esto, en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
La fiscal internacional peruana también dijo que Rosa de Lobo está acusada de lavado de activos y malversación de caudales públicos. De igual manera, de asociación ilícita.
Lo anterior, por haber creado una red de blanqueo de capitales que eran para obras sociales.
La Maccih denomina el caso de Rosa Elena de Lobo como la “Caja chica de la dama”.
Los involucrados en este caso, supuestamente, malversaron 94 millones de lempiras; precisamente con 70 cheques girados a unas nueve personas desde el 2011 a 2015.
Asimismo, reveló que un alto funcionario está en la lista de personas a capturar, pero no se dará el nombre porque el Ministerio Público lo ha denominado en secretividad.
A continuación el comunicado emitido por el gobierno de Honduras en relación a este sonado caso:
