Redacción. El Gobierno de Honduras, a través del canciller Javier Bú Soto, afirmó que su gestión diplomática fue determinante para que el nuevo impuesto a las remesas en Estados Unidos se fijara en un 1 %, en lugar del 5 % inicialmente propuesto en el plan fiscal del presidente Donald Trump.
Esta medida forma parte de la nueva ley fiscal y presupuestaria impulsada por Trump, recientemente aprobada por ambas cámaras del Congreso estadounidense.
“Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro y en articulación diplomática con países aliados, hemos dado seguimiento al Proyecto de Ley H.R.1, que contemplaba un impuesto del 5 % a las remesas. Tras un diálogo constructivo con el Congreso y Senado de EE. UU., se logró reducir dicha tasa al 1 %, y se limitará únicamente a pagos en efectivo”, declaró el canciller a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).
Según Bú Soto, esta reducción se logró gracias a una “alianza y articulación diplomática entre varios países”, que permitieron establecer canales de comunicación con legisladores estadounidenses.
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También aseguró que esta gestión responde a un compromiso más amplio por parte del gobierno hondureño. “Esta gestión reafirma nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes en EE. UU. y la protección de sus aportes a nuestras economías”, indicó.
Implementación de ley
El pasado martes 1 de julio, el Senado estadounidense aprobó una versión revisada del proyecto de ley denominado Una Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Bill). Esto estableció un impuesto federal del 1 % sobre las remesas enviadas al extranjero.
Este gravamen, oficialmente nombrado como “Impuesto especial sobre transferencias de remesas”, sufrió varias modificaciones en su paso por el Congreso. Fue inicialmente propuesto con una tasa del 5 %, reducida al 3.5 % en la Cámara de Representantes en mayo, y finalmente ajustada al 1 % en el Senado.
El texto legislativo establece que este impuesto se aplicará únicamente a remesas enviadas mediante efectivo, giros postales o cheques de caja. No afectará a transferencias realizadas desde cuentas bancarias ni a aquellas financiadas con tarjetas de débito o crédito emitidas en Estados Unidos.
Además, se contemplan excepciones para ciudadanos y nacionales estadounidenses, siempre que las remesas se envíen a través de un “proveedor calificado”, es decir, una entidad que tenga un acuerdo formal con el Departamento del Tesoro para verificar el estatus del remitente.
Procedimiento
El impuesto será recaudado directamente por los proveedores de servicios de remesas, quienes deberán transferir los fondos recaudados al Departamento del Tesoro de forma trimestral.
En caso de omisión, el proveedor será considerado responsable subsidiario. Asimismo, los proveedores deberán reportar regularmente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalles de las transferencias, impuestos cobrados y remitentes que hayan solicitado el crédito fiscal correspondiente.
La legislación también establece un crédito fiscal para ciudadanos y nacionales de EE. UU., equivalente al monto del impuesto pagado por concepto de remesas durante el año fiscal. Para obtenerlo, los contribuyentes deberán presentar su número de seguro social y evidencia de pago. Si las autoridades estadounidenses la ratifica en su forma final, la normativa comenzará a regir el 1 de enero de 2026.
Según datos del Banco Mundial, Estados Unidos es el mayor emisor de remesas del mundo, con más de 85.800 millones de dólares enviados en 2023. Para países como Honduras, donde las remesas representan cerca del 28 % del Producto Interno Bruto, cualquier variación en su flujo o en los costos asociados tiene implicaciones económicas significativas.
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