Redacción. El Ministerio Público (MP) ha presentado un requerimiento fiscal contra una presunta red de corrupción que involucra a exfuncionarios públicos, abogados, jueces y un actual diputado del Congreso Nacional, por suponerlos responsables de un esquema de fraude que ocasionó un perjuicio al Estado hondureño superior a los 3,084 millones de lempiras.
Según las investigaciones, la estructura operó durante más de dos décadas, coludiéndose para sustraer fondos del Estado mediante la presentación de demandas ilegales, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin respaldo jurídico.
Las acciones fraudulentas, que iniciaron a raíz de contratos firmados tras el paso del huracán Mitch en el año 2000, derivaron en millonarias demandas presentadas por empresas privadas en contubernio con altos funcionarios, aprovechando vacíos legales y complicidad judicial.
En el año 2000, como parte de los esfuerzos de reconstrucción luego del huracán Mitch, el gobierno hondureño adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., pese a que esta no contaba con la debida autorización para operar en el país. Posteriormente, DRC Inc. subcontrató ilegalmente a la NAINSA (Empresa Nacional de Ingenieros S.A.), sin que esta última tuviera vínculo contractual alguno con el Estado.
En 2001, el cooperante internacional que financiaba el proyecto canceló los fondos al detectar inconsistencias contractuales. Sin embargo, años después ambas empresas comenzaron demandas fraudulentas contra el Estado, basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, por lo cual no tenía validez legal.
Las empresas DRC Inc. y NAINSA firmaron además un acuerdo confidencial, comprometiéndose a no interponer demandas entre sí y actuando como si fueran entidades independientes, pese a operar de forma coordinada. Esta maniobra permitió presentar múltiples demandas por los mismos hechos, causando un grave daño económico al erario público.
Imputados
El requerimiento fiscal incluye cargos por fraude, prevaricato judicial, uso de documentos falsos y falsificación de documentos, entre otros. Los involucrados son:
Por el delito de fraude:
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Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora general de la República.
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Nelson Javier Márquez Euceda, exsecretario de Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y actual diputado del Congreso Nacional.
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Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora general de Gobierno.
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Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas-Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
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Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de NAINSA.
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Caronte Rojas Zavala, integrante del Tribunal Arbitral por parte del Colegio de Abogados.
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Murray Paul Farmer, representante legal de DRC Inc.
Por prevaricato judicial:
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Irissabel Lucia Miranda Hernández, jueza.
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Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, juez.
Otros delitos:
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Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR) – uso de documento falso
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Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial – falsificación de documentos.
Capturas
El Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que hasta el momento se ha logrado la captura de cuatro personas involucradas en esta red de corrupción. Los detenidos son:
- Juan Fernando Madrid Lezama – apoderado legal de NAINSA
- Caronte Rojas Zavala – exárbitro del Tribunal Arbitral
- Raymundo Esaú Gradiz Vilorio – juez acusado de prevaricato
- Nelson Javier Márquez Euceda – exsecretario de Sedecoas y actual diputado
Para lograr su cometido, esta red recurrió a procedimientos arbitrales plagados de irregularidades, incluyendo la presentación de escritos falsos y la aplicación de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta, con el propósito de instaurar un arbitraje favorable. Dicho arbitraje fue presidido por uno de los imputados y concluyó condenando al Estado al pago de sumas millonarias.
Como parte de la misma estrategia para saquear las arcas públicas, NAINSA, a través de su representante legal, interpuso en 2019 una nueva acción judicial basada en un Laudo Arbitral que ya había sido declarado nulo mediante resoluciones judiciales firmes desde 2009 y 2013. A pesar de la nulidad previa, la jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda.
En enero de 2020, continuando con esta maniobra, el imputado Nelson Márquez Euceda, entonces secretario de Sedecoas, remitió un informe legal a la PGR recomendando la firma de un Acuerdo Ejecutivo con el argumento de evitar una “erogación mayor”, a pesar de que tenía pleno conocimiento de que el laudo carecía de validez legal.
Investigación
Un mes después, Sedecoas y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial, mediante el cual se acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso. No obstante, el imputado Nelson Javier Márquez incumplió lo pactado, a pesar de que en los años 2020 y 2021 ya se habían asignado partidas presupuestarias para cubrir la deuda.
Este incumplimiento provocó una nueva demanda de ejecución forzosa por una suma millonaria, la cual fue nuevamente admitida por la misma jueza, Irissabel Miranda Hernández.
Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces involucrados tenían conocimiento de la nulidad del laudo arbitral, pero continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Además, según el requerimiento fiscal, durante una audiencia clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, quien representaba en ese momento al Estado a través de la PGR, no se presentó, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue desmentida por el laboratorio que supuestamente lo emitió.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados en el caso. Se espera que en los próximos días se brinde mayor información, incluyendo el seguimiento del debido proceso legal de los imputados.
