Redacción. El Ministerio Público presentó un tercer requerimiento fiscal contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), por su supuesta implicación en compras irregulares durante la gestión de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 en Honduras.
Este nuevo proceso judicial acusa a Rubí, junto a otros exfuncionarios del organismo de protección civil y representantes de empresas fachada, de haber adquirido productos no esenciales, entre ellos percoladoras, a precios sobrevalorados cuando el país enfrentaba una grave crisis de salud pública.
Los señalados por presuntos actos de corrupción son:
- Gabriel Rubí, extitular de Copeco.
- Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras.
- Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero.
Otros funcionarios, no identificados en el comunicado del Ministerio Público, enfrentan cargos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Fraude
El decreto ejecutivo PCM 005-2020 otorgaba a Copeco la facultad para gestionar recursos destinados a la emergencia, sin embargo, en lugar de priorizar la compra de insumos médicos necesarios, los implicados habrían realizado compras directas de artículos innecesarios como lavadoras, secadoras, televisores, cama, y las mencionadas percoladoras.
Según las investigaciones, las adquisiciones resultaron en una sobrevaloración significativa. Inicialmente, los productos adquiridos se facturaron por un monto de siete millones de lempiras, pero el organismo terminó pagando más de 12 millones de lempiras, generando una diferencia de más de cinco millones, los que fueron desviados a través de empresas fachada.
Requerimientos contra Rubí
Este nuevo requerimiento fiscal amplía las investigaciones en contra de Gabriel Rubí, quien ya enfrenta otros dos procesos judiciales. El primero relacionado con la compra de una carpa móvil en Villanueva, Cortés, y el segundo por la adquisición de ventiladores, caso por el que actualmente se encuentra detenido y por el que este lunes va a audiencia.
En ese último caso, los cargos en su contra están vinculados a la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia del covid-19. El delito, sostiene la Fiscalía, causó un daño al Estado hondureño valorado en 63 millones de lempiras.