Redacción. El Ministerio Público informó que, a través de la fiscalía local de Roatán, Islas de la Bahía, se formalizó la acusación en contra del estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez por los delitos de femicidio agravado y asesinato de tres jóvenes.
La acción se concretó durante la audiencia inicial, y el equipo fiscal espera que el caso se eleve a juicio oral y público, para lo que ya están preparando la carga probatoria necesaria.
Con la evidencia presentada se logró determinar que existen suficientes indicios para juzgar al imputado por estos delitos. El estadounidense permanece hoy en día en prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán.
A Reyes Bermúdez se le supone responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja, Dione Beatriz Solórzano Dixon, así como de los asesinatos de Nikendra La Shan McCoy y María Antonia Cruz (amigas de Dione). Los hechos ocurrieron a inicios de 2024 en Roatán, Islas de la Bahía.
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Un caso que impactó a Honduras
La muerte violenta de las tres jóvenes estremeció a la isla de Roatán y al país entero. Los familiares de las víctimas claman por justicia y exigen que Gilbert Reyes Bermúdez reciba una condena.
Los hechos señalan que las tres isleñas fueron vistas por última vez el 7 de enero de 2024, saliendo de Coxen Hole y dirigiéndose a Panty Town, presuntamente acompañadas de Reyes Bermúdez.
Sin embargo, no regresaron a sus casas, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes alertaron a las autoridades. Las fuerzas de seguridad comenzaron con las labores de búsqueda, pero lamentablemente, el 10 de enero, encontraron sus cuerpos sin vida en el interior de un vehículo.
Una vez realizado el levantamiento de los cuerpos, la recolección de indicios y la práctica de las autopsias, se inició la investigación correspondiente, que apuntó a Reyes como el único sospechoso del triple crimen.
El estadounidense huyó del país el mismo día en que asesinó a las jóvenes, pero a finales de marzo de 2024 se confirmó su captura en República Dominicana. Autoridades hondureñas realizaron todo el proceso legal necesario para su extradición y juzgamiento en el territorio nacional.
Las autoridades de la fiscalía de Roatán, al dar inicio al proceso judicial, expresaron su confianza en que se hará justicia para las víctimas y se esclarecerán todos los detalles de este caso.
