Redacción. El general José Miguel Mejía Medina fue nombrado este martes como nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en sustitución del general Ramiro Muñoz, quien dejó el cargo tras dos años al frente del sistema carcelario hondureño.
Mejía Medina asume el mando en un contexto de tensión y desafíos constantes dentro del sistema penitenciario. El entorno está marcado por motines, extorsión, traslados masivos y operativos en centros considerados de alta peligrosidad.
Con amplia formación militar y experiencia en operaciones de seguridad, el nuevo titular del INP llega con el respaldo de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, que han reiterado su compromiso de mantener la intervención militar en los centros penales como parte de la estrategia nacional de seguridad.
Las autoridades de Seguridad consideran que el general Mejía Medina tiene el perfil adecuado para reforzar las medidas de control y restablecer el orden en los centros penitenciarios, según lo expresado al anunciar su nombramiento.
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Conflictos en el INP
Durante los últimos meses, el INP ha estado bajo constante escrutinio público por hechos violentos y graves irregularidades en los centros penales.
Entre estos hechos destacan la masacre ocurrida hace algunos años en la cárcel de mujeres de Támara y el hallazgo de armas, drogas y sistemas de comunicación clandestinos. Además, persiste el control de maras y pandillas en varias prisiones del país.
La designación del general Mejía Medina al frente del sistema penitenciario marca un nuevo capítulo en la estrategia oficial para enfrentar la crisis carcelaria. Su nombramiento responde a la continuidad de la línea de control militar en los centros penales.
Entre los desafíos inmediatos que enfrentará están la ejecución de traslados hacia cárceles de máxima seguridad y el seguimiento a la intervención en el centro penal de Ilama, en Santa Bárbara. También deberá implementar los planes de reestructuración institucional dentro del INP.
El relevo en la dirección ocurre en un contexto de alta tensión. El gobierno mantiene su discurso de recuperar el control total de los recintos penitenciarios y advierte que responderá con firmeza ante cualquier intento de desestabilización.
