Honduras. La Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), envió una carta al Congreso Nacional manifestando sus preocupaciones ante la posible aprobación de la nueva Ley de Fomento del Turismo. Consideran que la misma pone en peligro sus territorios ancestrales. Los antecedentes les dan la razón.

La aprobación en los próximos días de la Ley de Fomento del Turismo, podría afectar a miles de garífunas en sus derechos humanos. Lo anterior según la OFRANEH.

Con esta Ley se favorecerá a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, (ZEDES), más conocidas como ciudades modelos. Las ZEDES serían grandes complejos habitacionales con su propio marco normativo.

OFRANEH enlistó algunos proyectos establecidos en Costa Esmeralda, Cayos Cochinos e Indura, ubicados en las Bahías de Trujillo y Tela, entre otros.

“Como organización nos preocupa el hecho de que el Congreso Nacional persista en aprobar leyes sin consulta con los pueblos que se ven afectados directamente”, destaca la carta enviada por Miriam Miranda, Coordinadora de la OFRANEH al Congreso Nacional.

Garífunas despojados y relegados

Para Miranda, una vez más el poder Legislativo se apresta a aprobar leyes irrespetando la consulta que se le debería de hacer a los pueblos. Para ellos esta ley lo que hará será ultimar la entrega total de los territorios de los garífunas a los extranjeros.

Además que esta norma exonera de impuestos que benefician solamente a los inversionistas. Tal es el caso de la Bahía de Trujillo, en donde se está judicializando y criminalizando a los que luchan en contra de la entrega de territorios ancestrales.

Un punto en que se vulnerarán grandemente los derechos humanos es que la Ley contempla la expropiación de las tierras para dedicarlas al turismo. Ejemplo de ello es el proyecto Indura en la Bahía de Tela.

«Aquí engañaron a la gente diciéndoles que las comunidades garífunas iban a tener beneficios. Estos megaproyectos traen gente de afuera para trabajar, por lo tanto,  no generó ni siquiera una disminución en el desempleo de la zona.” argumentó Miriam Miranda.

Honduras es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT). Tambien de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos. Allí se indica que el Estado está obligado a cumplirle a las comunidades garífunas.

Recordando que existen dos sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se establece que el Estado debe consultarles a las comunidades. Todo proyecto que se impulse y que les afecte deben consultarles.

Miranda aprovechó para hacer un llamado al Congreso Nacional para  que no apruebe esa ley. Considera que lejos de ayudar agravará la situación precaria en que viven los pueblos garífunas.

Desplazamiento forzado de garífunas

«Ese es el problema que ya no hay espacio, lo que generará una masiva migración con deportaciones masivas. Habrá más crisis, criminalización y violación a los derechos humanos”, afirmó la defensora.

Miranda denunció que ella ha sido querellada por un inversionista canadiense acusándola por difamación. Criticó que cuando se trata de violaciones a derechos humanos de los garífunas, no actúan con la misma premura.

Por ende esta ley es un anuncio del gobierno que acrecentará la crisis de derechos humanos en el país, según la OFRANEH.

«Es una clara imposición dictatorial que irrespeta incluso las leyes internacionales que han ratificado. Es una actitud peligrosa que usa como testaferros a empresarios hondureños. Al final son los mismos que terminan apoderándose del país”,  concluyó la Garífuna.

FOSDEH recomendó que se debe encontrar nuevos mecanismos de atracción de inversiones. En todo caso, olvidar este pensamiento viejo y continuo.

Moderna invasión

Algunos de los lugares en donde se realizaran dichos proyectos turísticos son áreas protegidas, reservas biológicas y parques nacionales. También hay refugios de vida silvestre, reservas naturales.

Los artículos más lesivos son los que expresan de manera directa el “despojo” de los territorios nacionales. Lo anterior para darles privilegios a grupos de poder económicos.

La Ley de Ley de Fomento del Turismo promueve obligatoriamente que se llegue acuerdo sobre el valor de las tierras. Al no existir tal acuerdo, en su artículo número 17 expone que el Poder Ejecutivo las declarará de utilidad pública.

Las tierras expropiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Fondo de Inversión, Promoción y Fomento del Turismo,(FITUR).