Puerto Cortés. “Ningún terreno de la comunidad garífuna está en venta, ni está listo para ser usurpado. Nuestras tierras, como las de la comunidad de Travesía y todas las demás comunidades, son herencias ancestrales”, afirmó Humberto Castillo, presidente de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula (ASAFROVA).
Estas declaraciones surgen a raíz de la presunta venta de un terreno en la comunidad de Travesía a una cooperativa para la construcción de un proyecto habitacional privado.
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Castillo recordó que hace menos de un mes, desde el patronato de la comunidad le informaron que la alcaldesa María Luisa Martell entregaría un documento oficial, pero hasta la fecha este no ha sido entregado.
“No hemos recibido ninguna respuesta, ni se ha iniciado ningún trabajo. Es probable que ya hayan facilitado permisos ambientales y otros necesarios para esos proyectos”, precisó Castillo.
Alcaldía tiene que emitir un informe
El dirigente señaló que la alcaldía de Puerto Cortés tiene la obligación de emitir un informe que deje claro que no procede el trámite de ese proyecto, pues afectaría tierras de una comunidad garífuna. Además, advirtió que esto podría generar consecuencias graves para quienes intenten invertir en esas tierras.
“Lo que estamos haciendo es proteger nuestras tierras de las inversiones que pretenden hacerse allí. Si alguien compró, adquirió un problema. Quien haya otorgado permisos en el pasado será responsable, pues las autoridades previas son las que tienen la culpa”, subrayó Humberto Castillo.
La actual administración municipal, según Castillo, debería despejar las dudas de los inversionistas. Además, tendrían que aclararles que esas tierras no pueden ser utilizadas para otros fines debido a su estatus como tierras garífunas.
Transacción
“Sabemos que en el pasado algunas autoridades municipales se involucraron en tierras de la comunidad. Si el alcalde y la corporación de ese momento vendieron o realizaron alguna transacción sobre tierras de la comunidad, deberán enfrentar las consecuencias”, añadió.
Castillo informó que se está preparando un proceso legal para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
—– La comunidad garífuna insta a la alcaldesa Martell a emitir un informe que deje claro que no procede el trámite de ese proyecto
Recordó que la Corte ha emitido jurisprudencia a favor de las comunidades garífunas en casos similares. Mencionó, por ejemplo, los casos de Triunfo de La Cruz, Punta Piedra y San Juan en Tela, donde al Estado de Honduras lo condenaron a indemnizar a las poblaciones y a sanear el territorio mal vendido a terceros.
Construcción
Según Castillo, no hay evidencia de que se haya comenzado una construcción en el terreno de la comunidad de Travesía, aunque sí existen intenciones de desarrollar proyectos.
“No sabemos qué documentos tienen quienes intentan desarrollar un proyecto en tierras de la comunidad”, señaló.
“Estas tierras no están en disputa; pertenecen a la comunidad, así deberán ser reconocido”, resaltó el dirigente.
Además, alertó sobre el fenómeno de invasiones a tierras garífunas a nivel nacional, lo que motivó la intervención de la Corte con tres sentencias importantes. La amenaza de invasiones sigue vigente, dijo.
“Los compradores deben tener mucho cuidado al adquirir terrenos en estas zonas de las comunidades garífunas. Los casos de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan deben servir como ejemplo. Cualquier inversión o acciones que afecte las tierras de la comunidad será fallada a favor del pueblo garífuna, y aquellos que compren, de buena o mala fe, serán perjudicados”, concluyó.
En Puerto Cortés la comunidad garífuna está conformado por más de 15 mil habitantes distribuidos en Travesía, Bajamar y en el caso urbano
Terreno está a nombre de cooperativa
Por su lado, una persona con el nombre de Francisca Ávila desde un correo electrónico envió una nota informando que el proyecto es social y tiene un trato sucesivo.
Dio a conocer que el inmueble está inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP), a nombre de la cooperativa con su número de inmueble 1592310.
Tiempo Digital trató de comunicarse con Ávila, reenviándole un correo electrónico para que diera más detalles, pero esta no envió ninguna respuesta.
