TEGUCIGALPA-HONDURAS. Serios problemas atraviesa la industria de las funerarias debido a las medidas que adoptó el gobierno para evitar el contagio y propagación del COVID-19 en el país.
Edwin Lanza, vocero de las funerarias a nivel nacional, confirmó, a través de medios locales, que actualmente tienen problemas tanto en la industria como en el sistema de servicio.
Según el entrevistado, a nivel del servicio, el problema que presenta es que los cuerpos de las personas que fallecen actualmente son trasladados por puntos ciegos. Lo anterior, debido a que las autoridades policiales detienen el tránsito de cualquier carrosa fúnebre por miedo a que el cadáver esté infectado con el COVID-19.
Mientras que a nivel de la industria, señaló que la dificultad que actualmente presentan es el desabastecimiento de materia prima en insumos para las funerarias.
“El formol se está escaseando. Las farmacias están cerradas y la industria farmacéutica y química está detenida. No tenemos nada de materia prima, nos paramos desde la semana pasada y esto provocará un desabastecimiento de féretros a nivel nacional”, aseguró.
De ese modo, Lanza reiteró las autoridades policiales detienen las carrozas fúnebres porque no cuentan con salvoconducto para poder transitar libremente.
“Lo estamos haciendo de manera clandestina y por puntos ciegos porque las autoridades no lo están permitiendo y las personas necesitan el servicio del sector funerario. Las muertes naturales y violentas se presentan independientemente de que esté el COVID-19. El sector está trabajando pero va a ver un desabastecimiento general, la industria está detenida”, aseveró.
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Solicitan que el gobierno les preste atención
Por lo anterior, Lanza dijo que necesitan que el gobierno les preste atención y así creen un marco legal para el tránsito y manejo de los cuerpos.
“Pedimos que nos reunamos y busquemos un procedimiento post-mortem en este caso . Necesitamos organizar a las funerarias y que haya marco legal para transitar y manejar los cuerpos. Que ninguna funeraria tenga acceso a un cuerpo mientras no la supervise un ente del gobierno. En este caso podría ser Sinager o la Secretaría de Salud”, puntualizó.
De acuerdo con el compareciente, la tasa de mortalidad para este año será de 32 mil personas. Por lo que, hablan de un aproximado de entre 2,000 y 250 muertos por mes y esa es la cantidad de ataúdes que venden en el país.
“Tenemos problemas serios hacemos un llamado al gobierno, ha Sinager, hemos buscado ayuda pero no nos quieren atender. El permiso extendido por las autoridades solo es para el traslado de agua, vivires, personas enfermas y medicamentos. Sin embargo, nosotros somos parte importante en el sistema de Salud. Somos el último eslabón en la cadena de protección del COVID-19 porque es por las funerarias que pasará el 100 % de los cadáveres”, reafirmó.
Para finalizar, Lanza señaló que no cuentan con un protocolo de ninguna institución de gobierno para el manejo adecuado de los cadáveres.
“Estamos trabajando normalmente pero no hay un procedimiento a seguir. Primeramente no se den los decesos, pero las estadísticas antes mencionadas no van a fallar”, concluyó.
