REDACCIÓN. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes en qué casos los funcionarios públicos pueden bloquear a personas en sus redes sociales y cuándo no pueden impedir el acceso de un usuario a esas publicaciones, aunque se trate de cuentas personales.
Aunque el dictamen se dio a partir de impugnaciones realizadas por funcionarios de gobiernos locales en Michigan y California, que bloquearon a seguidores que los criticaban en Facebook, la decisión se dio también a la luz de una medida similar tomada en su momento por el expresidente Donald Trump.
Cuando estaba en el poder, el líder republicano sufrió una demanda por algunos usuarios de Twitter a quienes les bloqueó la interacción con su cuenta. En aquel momento, un tribunal federal de apelaciones dijo que la medida de Trump era “inconstitucional”. Pero, la Corte anuló la decisión y ordenó que se desestimara el caso porque la apelación llegó cuando Trump ya no estaba en el cargo.
Esta vez, en una opinión unánime de la Corte escrita por la jueza Amy Coney Barrett, el tribunal estableció un estándar más claro sobre cuándo los funcionarios públicos son actores estatales en las redes sociales y cuándo pueden tener más control sobre su presencia allí.
Decisiones
En una era en la que los funcionarios públicos suelen comunicarse con los votantes a través de las redes sociales, los casos plantearon importantes preguntas sobre la Primera Enmienda. Y sobre si esas páginas eran privadas o si eran una extensión de la publicidad de los actos de gobierno. Algunas de las páginas incluían información que parecía oficial junto con publicaciones personales que mostraban al perro de la familia.
“Cuando un funcionario del gobierno publica en las redes sociales información sobre temas relacionados con su tarea, puede resultar difícil saber si el discurso es oficial o privado”, escribió Barrett.
La Corte dictaminó que esas declaraciones de funcionarios gubernamentales pueden atribuirse al Estado. Y, por lo tanto, estar sujetos al escrutinio de la Primera Enmienda, sólo si la persona involucrada tiene la autoridad para hablar en nombre del estado y si el funcionario pretendía ejercer esa autoridad en nombre del Estado.
El dictamen establecido por el tribunal este viernes se podrá aplicar como antecedente para los funcionarios de cualquier nivel de gobierno.
Uno de los casos sobre los que se expidió este viernes la Corte, O’Connor-Ratcliff v. Garnier , involucra a miembros electos de una junta escolar en California que bloquearon a los padres de estudiantes en su distrito. Otro, Lindke v. Freed , trata sobre un administrador que bloqueó a un defensor que criticaba el manejo de la ciudad durante la epidemia de Covid-19.
“El fallo de hoy divide la diferencia entre dos polos bastante extremos”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte de CNN.