San Pedro Sula, Cortés. Un juez del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a 10 agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) acusados de implantar pruebas a un ciudadano de origen filipino.
La medida la obtuvo la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) luego del desarrollo de una audiencia inicial con la ausencia de los encausados, ya que sólo estuvieron presentes la parte acusadora, defensora y el juez.
Los acusados en este caso son:
- Yony Omar Raudales Núñez
- Wilmer Joel López Gómez
- Esdras Sadrat Amaya Martínez
- Evely Dalian Triminio González
- Elvin Antonio Ramos Ramos
- Wuilson Isaac Bonilla Hernández
- Lener Gilberto Quintanilla Gallardo
- Bertha Janina Alemán Antúnez
- Neris Desiderio Mejía Rodríguez
- Fernando Josué Castellanos Canales
El juez que conoce la causa determinó que en el término legal de dos años, los imputados deberán cumplir la medida de prisión preventiva en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional (DNFE) ubicado en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
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Delitos y acusación
A los diez policías se les acusa por más de media docena de delitos. Entre ellos:
- Allanamiento de domicilio por funcionario público
- Robo con violencia e intimidación agravada continuada
- Privación ilegal de la libertad
- Tortura
- Asociación para delinquir
- Falsificación de documento público
- Falso testimonio.
De acuerdo con el Poder Judicial de la zona norte, en la audiencia se presentaron por las partes procesales 40 medio de pruebas: documentales, periciales y testificales. Asimismo, se expusieron las conclusiones y peticiones.
En esa causa está pendiente de judicializarse al agente de la Dipampco, Andy Josué Zelaya Pérez, quien ya guarda prisión por otros delitos relacionados a ese ente.
Los hechos que los vinculan
Las investigaciones en el caso establecen que los hechos ocurrieron el 13 de noviembre del pasado año 2023. Los agentes realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda en Villanueva, Cortés, al norte de Honduras, donde vivían dos filipinos.
Esta acción la realizaron sin una orden judicial e irrumpieron en la propiedad llevándose varias pertenencias de los residentes. Entre ellas: cosas de valor y dinero; luego movieron a uno de los afectados a un basurero y montaron la escena colocando como prueba falsa armas y drogas, además de golpearlo.
Al filipino lo presentaron ante la fiscalía por suponerlo responsable de porte ilegal de arma de uso prohibido, porte ilegal de arma de uso comercial, tráfico de drogas y porte ilegal de munición de uso prohibido. No obstante, el juez desestimó las acusaciones y ordenó una investigación que llevó a la captura de los implicados.
