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lunes, julio 28, 2025

Francisco Cosenza se declarará culpable por lavado de dinero en EE. UU.

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Redacción. Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras, comparecerá el próximo 11 de agosto ante una corte en el sur de Florida para declararse culpable por su implicación en una red de corrupción ligada a contratos públicos.

El exfuncionario, acusado formalmente en 2023 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, había negado los cargos inicialmente, pero ahora ha decidido acogerse a un acuerdo de culpabilidad.

La audiencia de juicio fue cancelada y, según los procedimientos judiciales, las partes deberán presentar antes del 8 de agosto un documento conjunto con la declaración de culpabilidad, los hechos admitidos y las penas posibles.

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Francisco Roberto Cosenza Centeno fungió como administrador de la Tasa de Seguridad.

Cosenza está vinculado a una operación de lavado de dinero que habría canalizado más de 10 millones de dólares en contratos públicos otorgados de forma irregular.

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Adjudicaciones 

Las adjudicaciones, realizadas a empresas vinculadas con los empresarios Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena, incluyen más de 10 millones de dólares en compras de uniformes y equipo para la Policía Nacional de Honduras, como:

  • $4.8 millones en uniformes mediante la empresa TASA
  • $5.6 millones en un segundo contrato por ropa policial
  • $480,000 en armamento no letal y municiones
  • $7.5 millones en otro contrato de uniformes

Los fiscales afirman que estos contratos se utilizaron para encubrir pagos ilícitos disfrazados de transacciones legales, movidos a través de cuentas bancarias estadounidenses. Esa conexión permitió a las autoridades estadounidenses asumir competencia sobre el caso.

Audiencia de Francisco Cosenza
Autoridades extraditaron a Cosenza en agosto de 2023.

El giro en la estrategia de defensa de Cosenza sugiere que las pruebas presentadas por la fiscalía son sólidas. Si la jueza Jacqueline Becerra acepta su declaración de culpabilidad, el proceso pasará a la etapa de sentencia, donde podrían imponerse multas, restitución y prisión.

Este caso representa no solo el colapso de un exfuncionario clave en temas de seguridad en Honduras, sino también una advertencia clara de que la justicia estadounidense sigue avanzando en la persecución de delitos financieros que rebasan fronteras.

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