TEGUCIGALPA, HONDURAS. El escándalo de los hospitales móviles comprados para atender la crisis de COVID-19 está dejando en el olvido otras acusaciones de corrupción que se han presentado en el país, lamentó Alejandro Kaffati, miembro del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
En ese sentido, recordó que tanto la entidad que representa como otros agentes de veeduría han denunciado otras irregularidades en el marco de la emergencia sanitaria. No obstante, dejó entrever que la atención pública tiene un solo enfoque.
«Prácticamente nos han centrado en los posibles actos de corrupción que ha habido en los 48 millones de dólares que se pagaron por los hospitales móviles», dijo Kaffati.
Y prosiguió: «Nos olvidamos de lo denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el FOSDEH referente a la compra de insumos de bioseguridad y equipo médico sobrevalorado que no cumple con los estándares adecuados».
Seguido, Kafatti expuso que lo que ocurre en torno al lío de los hospitales favorece a las autoridades estatales.
«Eso ha servido como cortina de humo para bajar muchas presiones contra el Gobierno de la República. Eso, tanto en los temas de narcotráfico como en el crimen organizado y la corrupción persistente en los últimos tres años de mandato», detalló.
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Situación alarmante
Respecto al tema del momento, Kaffati mencionó que es realmente irrelevante si los módulos hospitalarios vienen completos o no. Argumentó que, sea como sea, no se podrían instalar debido a que los predios donde se colocarían no están preparados para ello.
«Expertos médicos han dicho que los espacios no cuentan con las condiciones hidrosanitarias correspondientes para operar», expresó.
A su vez, calificó la situación como «alarmante» debido al tiempo que se tuvo para hacer todos los preparativos pertinentes. Apuntó que ahora estará comprometida la demanda hospitalaria, en un momento donde la detección de casos de COVID-19 es incesante.
A criterio del entrevistado, la mejor opción sería que tanto el Ministerio Público (MP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se unan a los organismos veedores (ASJ, CNA y FOSDEH) para investigar a cabalidad qué pasa con los cinco hospitales restantes y con la totalidad de dinero.
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