Redacción. Miles de ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Venezuela protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Florida podrán respirar con alivio.
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) anunció la reanudación del procesamiento de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales para los titulares de TPS con documentación vigente.
Esta decisión, efectiva a partir de agosto de 2025, responde a una actualización de directrices federales y sentencias judiciales recientes, garantizando servicios estatales esenciales a esta población migrante, según confirmaron el propio FLHSMV y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
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Además, la medida deriva de fallos judiciales emitidos entre 2023 y 2025 que extendieron la vigencia del TPS para varias nacionalidades, lo que obligó al sistema estatal de Florida a adaptarse. También refleja la coordinación interinstitucional entre USCIS y FLHSMV.
Fechas clave
Según la comunicación oficial de USCIS, los nacionales de Honduras y Nicaragua con TPS vigente pueden renovar o tramitar su licencia de conducir y tarjeta de identificación hasta el 18 de noviembre de 2025.
Para los ciudadanos de Venezuela, una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos establece que quienes recibieron su documentación de TPS el 5 de febrero de 2025 o antes conservan su estatus y pueden gestionar documentos estatales hasta el 2 de octubre de 2026. Ambas fechas, además, están sujetas a la evolución de procedimientos judiciales y directrices federales vigentes.
Para acceder a los trámites, el FLHSMV especifica una serie de documentos esenciales:
- Comprobante de estatus vigente de TPS (ej. notificación de aprobación o extensión del USCIS).
- Permiso de trabajo vigente (si aplica).
- Pasaporte actualizado o documento oficial de identidad nacional del país de origen.
- Comprobante de residencia en el estado de Florida.
- Cualquier documentación adicional exigida en el listado oficial del FLHSMV.
Cada trámite es revisado de manera individual por las autoridades estatales, asegurando el cumplimiento de la ley y de las pautas federales para la identificación segura.
