Internacional. La fiscal estatal de Florida, Ashley Moody, presentó el martes una demanda contra la administración del presidente Joe Biden, por no informar sobre las políticas que facilitan la liberación de inmigrantes con antecedentes criminales de las cárceles en Estados Unidos (USA).
En la demanda se argumenta que la falta de respuesta del gobierno a una solicitud formal de Florida -emitida en marzo pasado- revela un intento deliberado de evitar la deportación de inmigrantes que han cumplido sus condenas en las prisiones del país.
Moody destacó que la administración actual de la Casa Blanca está fallando en su deber de deportar a «inmigrantes ilegales peligrosos». Asimismo, señaló que el incumplimiento en responder a sus solicitudes revela una falta de disposición para proporcionar de manera oportuna la documentación que acredite su enfoque cuestionable e ilegal.
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Solicitud a la Ley de Libertad de Información de Dao (FOIA)
Al presentar una solicitud de acceso a información pública en marzo, Moody dijo que las agencias federales tienen conocimiento de que algunos extranjeros que cruzan la frontera de Estados Unidos son en realidad prisioneros que han escapado de sus países de origen.
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«Pregúntenos por qué la administración Biden está liberando a personas directamente en Estados Unidos. Declara a los criminales extranjeros ilegales en prisiones estadounidenses, en lugar de deportarlos a sus países de origen”, manifestó el abogado estatal más tarde.
En la denuncia, solicitó medidas cautelares para obtener acceso a las grabaciones que documentan las conversaciones entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Federal de Prisioneros. Su objetivo es determinar a los funcionarios que previamente se negaron a asumir la responsabilidad de los inmigrantes liberados.
Moody también revisó informes recientes sobre la posible toma de un complejo de apartamentos en Colorado. La obtención fue por parte de una presunta «banda criminal extranjera», en particular el grupo transnacional Tren de Aragua. Sin embargo, estas acusaciones han sido desmentidas por las autoridades locales.
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