Redacción. La extorsión se ha convertido en uno de los problemas más devastadores para los ciudadanos hondureños, afectando a más de 300,000 hogares en diversas partes del país, según un informe de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
Este crimen, que se ha convertido en un verdadero flagelo, afecta no solo a las víctimas directas, sino también a toda la estructura social y económica del país, según el informe llamado “Extorsión bajo la lupa: A dos años del estado de excepción”.
Informe de ASJ
De acuerdo con el director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, en dicho informe se establece que la tasa de victimización por la extorsión pasó del 9 por ciento en 2022 al 11.6 por ciento en 2024.
«Lamentablemente, en este cierre del 2024 son ya 308 mil hogares que están pagando extorsión. Eso es un elemento sumamente precipitante, que las autoridades deberán de tomarla tan siquiera en consideración», dijo Castañeda para HRN.
Asimismo, el director lamentó que en este 2024 han caído de manera estrepitosa las denuncias por extorsión. También, mencionó que en este año han disminuido las respuestas estatales ante los hechos de la extorsión.
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En el año 2021, Honduras registró 1,923 denuncias, pero en 2024, la proyección con los casos registrados hasta septiembre indica que el número descendió a 484. Por otra parte, las detenciones por este delito también reportaron una disminución, de 461 en 2021 a 175 en 2024.
En los últimos dos años, ocho departamentos del país, incluyendo Intibucá, Choluteca y Atlántida, han experimentado los mayores aumentos en la tasa de victimización, con Intibucá liderando con un 18.22 por ciento.
«Hoy tenemos un Congreso Nacional que sigue obviando la necesidad de fortalecer al Ministerio Público y al Poder Judicial. Hay un gran déficit de fiscales y jueces. Lamentablemente, estos son elementos que mantienen fortalecido al crimen organizado por la alta inseguridad que existe actualmente», dijo Nelson.
La extorsión continúa afectando a Honduras
Las extorsiones, generalmente realizadas por bandas criminales organizadas, se presentan en múltiples formas: desde amenazas telefónicas hasta visitas intimidatorias en los hogares y negocios, exigiendo pagos constantes a cambio de «protección».
Los sectores más vulnerables, como los pequeños empresarios, transportistas y trabajadores informales, son los que sufren con mayor intensidad el peso de este crimen.
El impacto de la extorsión no solo se limita al plano económico.
Muchas familias viven en constante miedo, obligadas a someterse a las demandas de los criminales para evitar que sus seres queridos o propiedades sean agredidos.
Aunque las autoridades han intensificado esfuerzos para combatir este fenómeno, la realidad es que la extorsión continúa siendo un desafío complejo. La falta de recursos, la corrupción y la limitada presencia del Estado en muchas áreas del país contribuyen a la persistencia de este flagelo.
Sin embargo, es vital que las políticas de seguridad pública se enfoquen en fortalecer la confianza en las instituciones y en ofrecer un apoyo real a las víctimas.