Redacción. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un nuevo requerimiento fiscal en contra de figuras del Fondo Vial y una exdiputada del Congreso Nacional.
Ante esto, Luis Javier Santos, titular de esta dependencia, expresó al medio de comunicación HRN que las especificaciones técnicas del contrato no se cumplieron.
«Los contratos se otorgaron de manera fraudulenta. De acuerdo con esto, se produjo un fraude para el Estado de más de 32 millones de lempiras», reveló.
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Del mismo modo, el fiscal indicó que el requerimiento fiscal es en contra de 12 personas. Entre ellas se encuentran:
Fondo Vial
- Hugo Alfredo Ardón Soriano
- Hugo Edgardo Álvarez Martínez
- José Efraín Peñal Balizardo
- Walter Noé Maldonado Maldonado
- Luis Armando Ortiz
- Danilo Cervantes Suazo
- Juan Carlos Aguilar Masoni
Representantes de la empresa
- Devis Leonel Rivera Maradiaga
- Edgardo Pérez Martínez
- Luis Manuel Turcios Galeas
- Efraín de Jesús Maradiaga Turcios
- José Manuel Aguilar Matute
«Hemos presentado una serie de pruebas que han resultado después de las investigaciones. Dentro de esos medios de prueba, hay correos donde se determina que hubo sobornos para algunos de los exfuncionarios, al menos donde se les recomienda dar sobornos a estos funcionarios», destacó. Además, Santos agregó que los contratos se otorgaron entre los años 2012 y 2013.
Orden de captura
En este sentido, de acuerdo con Santos, ellos solicitaron orden de captura en contra de los implicados. Sin embargo, se encuentran a la espera de la respuesta de la jueza que conocerá la causa.
«Hay exfuncionarios del Fondo Vial y hay otro tipo de funcionarios particulares que están incluidos en el requerimiento fiscal», puntualizó.
Por su parte, Yuri Mora, vocero del Ministerio Público (MP), comentó a un medio de comunicación que los implicados autorizaron contratos fraudulentos con la inmobiliaria Rivera Maradiaga. Así mismo, está involucrada la Empresa Técnica de Ingeniería S.A.
«Entre las irregularidades, se destacan la falsificación de firmas durante el proceso de licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves en lo que es la supervisión de la obra», explicó.
