El exmandatario, de 68 años y que gobernó Ecuador por unos meses entre 1996 y 1997, fue arrestado por tenencia ilícita de arma. La encontraron mientras los agentes buscaban en su domicilio pruebas contra presuntos casos de corrupción en la compra de insumos médicos durante la pandemia del coronavirus.
A Bucaram le fue encontrada «en su poder un arma de fuego, sin que presente justificativo de posesión», dijo la Fiscalía por redes sociales.
REDADA POR VARIAS CIUDADES
El allanamiento tuvo lugar en el domicilio del exmandatario en Guayaquil, ubicado en la zona Kennedy Norte. La acción está dentro de una investigación por «presunto peculado en contratos para la compra de insumos médicos», en su caso particular «al Hospital del Seguro» Social, agrega la comunicación oficial.
La redada en el domicilio del expresidente no ha sido la única. Más de medio centenar de fiscales efectúan allanamientos por varios municipios de la provincia de Guayas, entre ellos los de Guayaquil, Daule y Samborondón.
Otra vivienda allanada fue la de su hijo, el exasambleísta Dalo Bucaram. «En un atropello total de derechos, sin la presencia de nadie en mi domicilio, la policía irrumpe en mi hogar sin denuncia ni delito alguno».
«Esto es un atropello sin precedentes. (Presidente) Lenín (Moreno), ¿qué garantías hay al debido proceso? ¡Esto es un abuso!», escribió Bucaram hijo por redes sociales.
La Fiscalía también ha intervenido en la vivienda del prefecto de la provincia de Guayas, Carlos Luis Morales. Se le investiga por presunto tráfico de influencias en la compra también de insumos médicos en los últimos dos meses y medio. Su caso la implicación podría corresponder a dos hijastros.
INTERVENCIONES EN QUITO
También se registran intervenciones judiciales en las últimas horas en la capital Quito, en relación a estos casos de presunta corrupción que han conmocionado a la población porque se produjeron en los momentos de mayor crisis en el país.
Según al Fiscalía, en doce allanamientos arrestaron cinco personas «por la compra de insumos de bioseguridad» por la empresa de agua municipal.
La empresa habría comprado con «presunto sobreprecio», y por ello han sido arrestados cinco personas, entre ellas «el gerente y administradores del contrato», se informó.
En una primera comunicación, la Fiscalía notificó que «la Fuerza de Tarea ejecuta órdenes de allanamiento y detenciones simultáneas en Quito y Guayaquil relacionadas con varios casos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19».
Las operaciones tienen que ver con todo tipo de sospechas descubiertas en los últimos dos meses. Esto sobre la adquisición irregular de equipos y medicamentos para afrontar la pandemia. El coronavirus, en el país andino, golpeó especialmente a Guayaquil.
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Ecuador, donde se registran a día de hoy más de 40.000 contagios, 3.438 decesos oficiales y 2.201 probables, vivió dos meses dramáticos en la segunda quincena de marzo y el mes de abril, lo que llevó a la adquisición acelerada de insumos médicos para afrontar la pandemia.
En esos contratos hay casos de presunta corrupción e irregularidades, sobre todo por precios exagerados como la compra de bolsas de cadáveres a doce veces más de lo que costaban realmente en el mercado, o la de mascarillas.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Esta mañana, poco después de iniciarse las redadas, el presidente Lenín Moreno se congratuló de la decisiva acción de la Fiscalía.
«Desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la Justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos», dijo en un mensaje.
En una rueda de prensa conjunta, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, anunciaron que sus instituciones habían aunado esfuerzos y creado una «fuerza de tarea multidisciplinaria» para combatir cualquier acto de corrupción durante la emergencia sanitaria.
FISCALIA DEL ECUADOR: NO ENGAVETARAN LOS CASOS
«No se van a quedar los casos en carpetas, en investigaciones previas. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de cada una de las causas que se hayan generado a raíz de esta emergencia», advirtió la fiscal.
Por su parte, Romo aclaró que el grupo interinstitucional sería directamente supervisado desde la Comandancia de la Policía Nacional, al que se sumará la Policía Judicial para investigar a cargos políticos presuntamente implicados en actos de corrupción.
«Estamos detrás de los responsables y del dinero, (buscamos) que las personas asuman las consecuencias de sus actos y recuperar el dinero» mal habido, remachó la ministra.
