Redacción. A partir de este día, todos los expedientes que estén finalizados previo a la presentación de requerimientos fiscales deben ser remitidos al subdirector de fiscales, Víctor Migdonio Carrasco, así lo ordeno el fiscal general, Johel Zelaya.
Esto se dio a conocer por medio de un comunicado, elaborado el pasado 19 de marzo, y dirigido a todas las fiscalías del MP: Módulo de Recepción de Denuncias, Unidad de Apoyo Fiscal, Unidad de Delitos Electorales, Módulo de Atención Integral Especializado, entre otras.
«De ahora en adelante, todos aquellos expedientes cuya investigación esté concluida y listos para presentar requerimientos fiscales, tendrán que ser remitidos únicamente al abogado Víctor Migdonio Carrasco, subdirector de fiscalías”, detalló el fiscal.
Asimismo, aclara que Víctor Carrasco estará a cargo de la revisión legal y de dar el visto bueno correspondiente. El abogado también será la última instancia previo a presentar los requerimientos fiscales ante los juzgados correspondientes.
Por otra parte, Zelaya advirtió que el incumplimiento de su instrucción representa una falta menos grave que deriva en sanciones con suspensión en el servicio sin goce de salario hasta por cuatro días.
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Con esta decisión, el fiscal Zelaya prácticamente deja sin funciones al actual director de fiscales, Juan Carlos Sánchez Villalobos, nombrado en el cargo en abril de 2024.
Ordenanza del Fiscal Zelaya
La nueva disposición ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y político. Algunos sectores han manifestado su apoyo, argumentando que contribuirá a evitar abusos y fortalecerá el debido proceso. Sin embargo, otros han expresado preocupaciones sobre posibles retrasos en la judicialización de casos.
Un exfiscal, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que la medida podría ralentizar ciertos procesos. “Si bien es importante la supervisión, también debemos garantizar que la revisión no se convierta en un obstáculo para la pronta aplicación de la justicia”, expresó.
Zelaya reiteró que la instrucción no busca frenar investigaciones, sino garantizar que los casos lleguen a los tribunales con la solidez requerida.
“Nuestro compromiso es con la justicia y con el pueblo hondureño. No se trata de detener procesos, sino de hacerlos de manera correcta”, concluyó.
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El Ministerio Público ha indicado que evaluará la efectividad de esta medida en los próximos meses para determinar su impacto en el sistema judicial del país.
