Fiscal sobre protección para jueces: «No pedimos seguridad, la exigimos»

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Protección
El presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, Alejandro Sevilla, exige seguridad para los jueces, tras lo que sucedió en la fuga de "El Porkys".

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Medidas rigurosas de protección para los jueces pidió el abogado Alejandro Sevilla tras el acontecimiento que se registró el 13 de febrero en la sede de los juzgados en El Progreso, Yoro.

Ese día, se fugó de las órdenes de la justicia el líder nacional de la Mara Salvatrucha (MS-13), «El Porkys«. El incidente resultó en cinco muertes.

Por tanto, el abogado Sevilla, quien funge como presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, remarcó la necesidad de seguridad para las figuras reguladoras.

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Argumentos de la petición

En virtud de lo anterior, el jurista consideró que el personal encargado de la justicia en nuestro país «corre muchos riesgos».

Asimismo, señaló las carencias que tienen las instalaciones, diciendo que «los edificios donde se desarrollan los juicios carecen de protocolos y cordones de seguridad efectivos».

Por el mismo lado, amplió otro detalle de los recintos judiciales: «Es necesario mejorar la ubicación de las instalaciones», aseveró.

Colocó como ejemplo el edificio anexo del Ministerio Público en Comayagüela, donde asegura que los fiscales se quejan constantemente de dónde está situado. Además, mencionó que a la mayoría de estos trabajadores les toca estacionar sus vehículos en lugares alejados.

Ausencia de fondos

El profesional del derecho también aludió el tema del presupuesto. Sobre ello, afirmó que «se ha venido operando con limitaciones presupuestarias».

No obstante, aunque haya problemas monetarios, asegura que la protección inmediata del personal relacionado a los operadores de justicia es «necesaria».

«Los fiscales estamos preocupados. No sólo pedimos seguridad, la exigimos», clamó el legista Sevilla.

Cabe destacar que ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, pidió, nuevamente, que se amplíe el presupuesto para el poder judicial. Con ese dinero, se trabajaría en materia de seguridad, capacitaciones, expedientes, etcétera.