Redacción. En el ojo del huracán se encuentra Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio público (MP), quien según diversos sectores de la sociedad maneja el ente acusador del Estado como un instrumento de persecución política, alineándose con las directrices del gobierno de turno.
El pasado lunes, Zelaya acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a exigir celeridad en las investigaciones de casos de corrupción presentadas por el ente acusador. Visiblemente molesto, el fiscal criticó algunas resoluciones dictadas en causas contra políticos acusados de corrupción u otros delitos.
Olvidando los tecnicismos del derecho, Zelaya emitió algunos juicios de valor ajenos al cargo que ostenta, según varios profesionales del derecho.
“De ser necesario, vamos a enfrentarnos ante la Corte Suprema de Justicia para que le dé respuestas a este pueblo. No podemos estar en un sistema donde solo hay justicia para unos pocos”, dijo Zelaya antes de ingresar al palacio de justicia.
“Vengo a enfrentarme a qué está pasando con algunos expedientes presentados ante la Corte Suprema”, agregó.
Lentitud
El fiscal general externó sentirse molesto por la lentitud con que se manejan los casos. “Aquí ha habido justicia para unos pocos y para otros no, y eso es una realidad”, criticó.
Reveló que recibió una denuncia en contra de un magistrado que será investigada a profundidad. Prometió que no retrocederá bajo ningún argumento en ese caso.
“La historia es la que nos va a juzgar, de que si es persecución o no lo es. Es una grosería decirle al pueblo que es una persecución política y que el fiscal general está metiendo temas ideológicos en la persecución penal”, agregó el fiscal general.
Días atrás, había calificado como “una cantaleta”, las repetitivas quejas de su supuesta inclinación a órdenes del Poder Ejecutivo. Mientras que, debido a la tardanza de las investigaciones, expresó que el MP podría investigar incluso a los propios magistrados de la CSJ.
“Recibí una denuncia de un magistrado y vamos a avanzar en esa denuncia. Nosotros no vamos a manifestar de qué denuncia, pero vamos a avanzar en esa denuncia”, dijo Zelaya.
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“Fue una ligereza”
Para Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la actitud de Zelaya como “muy intensa”, tomando en cuenta las responsabilidades que implica el cargo de fiscal general.
“No creo que con intimidación, amenazas o indirectas se vaya a lograr la justicia (…). El Ministerio Público no es un poder del Estado, solo es que tiene rango constitucional e independencia, pero uno debe respetar la decisión del juez”, señaló.
Agregó que en caso de inconformidad, las mismas leyes establecen los recursos a utilizar para revocar un dictamen.
“No podemos insinuar, sin las pruebas fehacientes, que haya retrasos injustificados sobre alguna resolución (…). Creo que fue una ligereza mencionar a magistrados, no se sabe si ya se inició un proceso o si hay pruebas o no. Mediáticamente, no es recomendable ventilar estos casos”, recomendó.
“Parecía un político”
Por su parte, Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, dijo que el actuar de Zelaya se asemeja más al de un político que al de un funcionario de un ente neutral y respetuoso de la separación de los poderes.
“Yo no escuchaba a un abogado, me parecía más un político”, recriminó. «Sus argumentos eran acciones políticas que podrían hacer y confrontar, pero en ningún momento justificó con pruebas su desacuerdo», acotó.
Zelaya realizó su visita al palacio de justicia un día después de que la CSJ enviara a prisión domiciliaria a tres exjefes de las Fuerzas Armadas, acusados por la muerte del activista Isy Obed Murillo, durante las protestas del golpe de Estado de 2009.
“El tema de enfrentarse a la justicia, me parece un discurso hasta violento y agresivo, no es lo que uno esperaría de un titular. Aunque, claro que se necesitan reformas en el sector justicia”, concluyó.
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“No es un lenguaje correcto para un fiscal general”
Mientras que Kenneth Madrid, abogado y analista, se refirió a la parte protocolar del cargo, haciendo énfasis en que un funcionario con esta investidura debe hablar de manera técnica y prudente.
“No es el lenguaje adecuado de un fiscal que hable de que algún sector de la sociedad deje la cantaleta. Un fiscal debe hablar de manera técnica y prudente. La forma de desvirtuar la crítica de la opinión pública es con hechos, no degradando el lenguaje técnico que tiene que tener”, expresó.
A criterio del analista, la justicia siempre estará manejada por las élites privilegiadas, por lo que para él lo más importante no es quién tiene la justicia en su poder, sino que mantenga la neutralidad e independencia de poderes.
Lo mismo hicieron en Venezuela
Finalmente, Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, expresó su preocupación por la supuesta instrumentalización del Ministerio Público, tal y como ocurrió en la dictadura de Venezuela.
“Para aquellos que dudan que existe una planificación para ejecutar en Honduras la agenda del Foro de São Paulo. Cada vez se van dilucidando más las dudas de que en los planes de Libre está apropiarse de la institucionalidad”, manifestó.
Los cuatro entrevistados por distintos medios concuerdan en que Zelaya actuó de manera errónea e irrespetando la jerarquía de la CSJ. Asimismo, recomiendan al togado, buscar otros mecanismos para exponer sus desacuerdos y buscar consensos, en vez de la confrontación.
En múltiples ocasiones, Zelaya ha defendido su actuar, asegurando que los fiscales investigan a todo aquel que tenga cuentas pendientes con la ley, sin color político. Sin embargo, gran parte de los requerimientos fiscales emitidos por el ente acusador no han tenido sentencias condenatorias, ya que, según expertos, las pruebas presentadas en los mismos carecen de sustento jurídico.
Además, se le critica que hasta la fecha no ha girado ningún requerimiento o línea de investigación contra Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya, por aparecer en el denominado “narcovideo”, negociando sobornos para campañas presidenciales del Partido Libre.
La actuación del fiscal Johel Zelaya ha desatado un debate sobre la independencia del Ministerio Público y su rol como garante de justicia imparcial. Mientras, las denuncias sobre persecución política continúan acumulándose.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las autoridades, el país enfrenta el desafío de garantizar un sistema judicial verdaderamente autónomo y al servicio de todos los ciudadanos, sin importar intereses políticos o sectarios.
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