ATLÁNTIDA. El pasado viernes, Randy Mejía, fiscal ambientalista de ese departamento sufrió un atentado.
Randy iba en su vehículo dirigiéndose hacia su hogar cerca del Jardín Botánico de Lancetilla. Cuando se registró el atentado.
Alrededor de las 10:30 de la noche, varios individuos en motocicleta se acercaron a su vehículo y empezaron a disparar.
Sin embargo, no resultó con ninguna herida pues los disparos alcanzaron el vidrio de su vehículo y eso salvó la vida.
Lea también: Miriam Miranda: “Cómo vamos a confiar en la policía si te violenta tus derechos”
Horas después se encontraba en las instalaciones de la policía de ese sector para ser resguardado.
Asimismo, ante el atentado el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, emitió un comunicado.
En el cual, el movimiento sugiere que el atentado fue por la inspección realizada ese día en una empresa cercana.
Se buscó constatar los daños ambientales que la empresa estaba causando al sistema de agua potable en la zona.
En ese sentido, se muestra de forma íntegra, el comunicado lanzado el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA SOBRE ATENTADO CONTRA FISCAL DEL AMBIENTE
Habiéndonos enterado que el viernes 20 de enero de 2017, aproximadamente a las 10:00 PM, el abogado Randy Mejía, Fiscal asignado a la Fiscalía Especial del Ambiente en el departamento de Atlántida, fue víctima de un atentado en un lugar cercano al acceso del Jardín Botánico Lancetilla, a la comunidad nacional e internacional hacemos saber:
El Fiscal Randy Mejía, junto a miembros del Movimiento Amplio del sector Mezapa, Tela, fue parte de la inspección realizada en la zona donde se construye el proyecto hidroeléctrico Planes de San Antonio, propiedad del empresario Jason Hawit, realizada en horas de la mañana del mismo día del atentado, 20 de enero, con la finalidad de constatar los daños ambientales ocasionados en la zona, entre ellos los ocasionados a proyectos de agua potable de varias comunidades.
La inspección llevada a cabo por el Fiscal Mejía y otras diligencias relacionadas, son ejecutadas producto de varias denuncias y acciones legales promovidas por el Movimiento Amplio y otros espacios comunitarios, ante el Ministerio Público de Tela, por los daños, el abuso de autoridad de funcionarios y la violación a derechos humanos de los que son víctimas varias comunidades del sector.
Por lo tanto, desde el Movimiento Amplio:
Nos solidarizamos con el Fiscal Randy Mejía y con todos los funcionarios que, en medio de la corrupción, la impunidad y el despojo que sufrimos, asumen los riesgos que implica cumplir con su deber de representar y defender los intereses de la ciudadanía.
Condenamos este hecho y exigimos una investigación a fondo y sanción a los responsables del mismo.
Alertamos, una vez más, sobre el riesgo que corren compañeros y compañeras del Movimiento Amplio, que desde hace muchos años asumen el desafío de defender el derecho a decidir sobre su territorio, a defender el agua y todos los derechos humanos afectados por la voracidad extractivista del gobierno y Estado de Honduras, aliado con grupos económicos criminales.
Exigimos al gobierno de Honduras que cumpla con el deber de proteger, urgentemente, a los miembros del Movimiento Amplio del departamento de Atlántida, beneficiarios de medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde diciembre del 2013 (MC 195/13). Lamentamos que a pesar de haber transcurrido más de tres años de haberse dispuesto estas medidas, las autoridades hondureñas se niegan a consensuar y cumplir las mismas.
Responsabilizamos al Estado y gobierno de Honduras por cualquier violación a derechos que puedan sufrir los ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras del Movimiento Amplio que asumen su deber ciudadano de defender el territorio de la corrupción, el despojo y la impunidad que hoy impera.
21 de enero, 2017.
Movimiento Amplio
¡Por la Dignidad y la Justicia!
ATENTADO A FISCAL AMBIENTALISTA
Randy Mejía, es el fiscal asignado a la Fiscalía Especial del Ambiente en el departamento de Atlántida.
Asimismo, se encarga de responder a las denuncias ciudadanas sobre cualquier tipo de daño ambiental que se pueda ocasionar.
Los atentados contra la vida de los protectores del territorio nacional, continúan. Sin embargo, las autoridades no les facilitan protección.
Ya no existe un respeto hacia las personas que cumplen su deber de protección del territorio nacional o las comunidades. Tras el asesinato de Berta Cáceres y las violaciones de derechos humanos a Miriam Miranda.
Finalmente, como se expresó en el comunicado, es momento de proteger las vidas de los ambientalistas hondureños.
