Redacción. La fase de evacuación de pruebas en el juicio de privación de dominio sobre siete cuentas bancarias vinculadas al exfuncionario Ebal Díaz concluyó este viernes 17 de agosto de 2024.
Bárbara Castillo, vocera del Poder Judicial, informó que las cuentas en cuestión manejaron en su momento un monto aproximado de más de 51 millones de lempiras (L51,500.554.55). El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, según informó, convocó a las partes procesales para la próxima semana, momento en el que se presentarán las conclusiones del caso. Posteriormente, el juez encargado emitirá su fallo, determinando el destino final de los fondos.
De acuerdo con la información proporcionada por Castillo, si la defensa no logra demostrar la procedencia lícita de los fondos, estos podrían transferirse al Estado hondureño, tal y como lo solicitó la Fiscalía. «Si no se logra acreditar la procedencia lícita de los fondos, estos pasarán a manos del Estado», explicó la vocera.
Perseguido por la justicia
El Ministerio Público señaló que el proceso judicial contra Díaz está relacionado con el presunto fraude en la construcción de viviendas con contenedores durante la pandemia de covida-19. Este caso incluye a varios otros implicados en la misma investigación.
Díaz abandonó Honduras pocos días después que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) entregara el poder a finales de enero de 2022, y se radicó en Nicaragua. El exfuncionario adquirió la nacionalidad nicaragüense cuando fungía como ministro de la Secretaría de Presidencia durante la administración de Hernández.
El martes 30 de julio, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, presentó un requerimiento fiscal contra Díaz y otras 14 personas, acusados de fraude contra el Estado por más de 294 millones de lempiras. La investigación se centra en la ejecución del proyecto habitacional «Residencial Morazán» o «casas contenedores», destinado originalmente al beneficio social.
Entre los demás acusados se encuentran:
- Zonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza.
- Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de un banco
- Mario León Gómez y Rolando Federico Poujol, funcionarios de la Secretaría de Presidencia.
- Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores. Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda. Todos relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos.
Entre los delitos por los que se les acusan destacan:
- Asociación para delinquir
- Fraude
- Violación a los deberes de los funcionarios
- Administración fraudulenta
