El resultado final del “diálogo” nacional emprendido por el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández ha sido el acuerdo entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) para hacer una reforma del sistema de justicia acondicionado a los intereses del régimen.
Aunque un sector del Movimiento de Indignados decidió continuar el juego del “diálogo” capitaneado por el “facilitador” de la OEA, John Biehl del Río, con la esperanza de alcanzar el objetivo de la instalación en Honduras de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), patrocinada por Naciones Unidas (ONU), la respuesta fue negativa y sin oportunidad de apelación.
La comisión encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores Arturo Corrales, e integrada con el fiscal general Oscar Chinchilla, el secretario de la Presidencia Reynaldo Sánchez y el secretario de Trabajo Carlos Madero, aseguró con la OEA este acuerdo en conformidad con la propuesta gubernamental de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).
Como era de esperar, el trabajo del “facilitador” de la OEA estaba prefijado para el logro de este acuerdo, a través de la estratagema de un diálogo amplio e incluyente con la oposición mayoritaria del país, fríamente calculado y que nunca tuvo lugar porque se quedó, como dicen los juristas, en grado de tentativa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, al referirse a la participación acomodada en el conflicto de la corrupción y la impunidad de Honduras, justifica: “El espíritu del apoyo que estamos proporcionando es robustecer uno de los pilares centrales en cualquier democracia, el sistema de justicia”.
Sin entrar en pormenores sobre este proyecto de la SIHCIC, con el apoyo de la OEA, puede decirse que, contrariamente a lo planteado por el secretario general Almagro, de que “el espíritu del apoyo… es robustecer uno de los pilares centrales en cualquier democracia, el sistema de justicia”, la finalidad es fortalecer el sistema actual, a como haya lugar.
El hecho de que en Guatemala la CICIG haya alcanzado, con éxito relativo, modificar más a fondo el sistema de justicia, hasta llegar a la investigación y castigo en las más altas esferas del poder político, nos indica el rechazo total a que en Honduras se produzca una situación similar, talvez más profunda, con la aplicación de una CICIH.
Esto es en seguimiento de una vieja tesis de los defensores del sistema “democrático” de América Central, no de “cualquier democracia” como dice Almagro, según la cual, la aplicación de una reforma radical del sistema de justicia en estos países, que afectaría a todo el andamiaje oligárquico, terminaría por desplomar todo el sistema, dada la profundidad y extensión de la corrupción público-privada.
De ahí, asimismo, la evasión sistemática a cualquier iniciativa constituyente, que conduciría a la refundación del Estado, a la reestructuración institucional profunda, y, por lo tanto, a un desarrollo democrático basado legítimamente en la representación vinculante de la soberanía popular.
