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lunes, junio 23, 2025

Filtran video de ministro y diputada discutiendo manejo de supuestos fondos públicos para campaña

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Redacción. Una controversia sacude nuevamente al escenario político hondureño luego de la filtración de un video entre la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, y el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, en el que se discute el presunto uso de fondos públicos con fines proselitistas.

El contenido del video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra a Cuellar explicando cómo habría utilizado cheques de 100,000 lempiras entregados por SEDESOL para comprar kits que incluían equipos de sonido, carpas, sillas y artículos promocionales para líderes partidarios.

En el video se puede apreciar como el ministro y la diputada hablan sobre los cheques destinados.

“Yo te conté para qué quería los cheques… entregué equipos de sonido, mesas, carpas, banderas, kits de sublimado… y lo entregamos al partido”, dice la diputada, mientras el ministro escucha sin cuestionamientos.

La conversación también revela tensiones internas: Cuellar se queja de que una candidata en Nueva Arcadia, supuestamente llamada Lilian, habría filtrado información sobre los cheques, alegando que no sabía para qué se usarían.

Incluso, la diputada insiste en que esa mujer estaba “hablando de más” y pide “llamarla al orden”.

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Respuesta de Cardona ante esta filtración

Ante la polémica, el ministro Cardona ofreció declaraciones en un medio televisivo, donde admitió la autenticidad de la llamada y defendió la legalidad de los fondos:

“Son apoyos para emprendedores que se liquidan con facturas. No hay delito cuando se usan para el fin solicitado”. Aseguró además que los fondos se entregan a ciudadanos de distintos partidos y que ya se proporcionó documentación al Consejo Nacional Anticorrupción.

Ver video

 

Sin embargo, las dudas persisten. La ciudadanía y organizaciones como el CNA exigen una investigación del Ministerio Público, al considerar que la entrega de estos recursos podría constituir una forma de clientelismo político disfrazado de asistencia social.

“¿Dónde está el delito?”, cuestionó el ministro. Para muchos, la respuesta está en manos de los entes fiscalizadores.

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