TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desde el pasado 4 de abril, el Ministerio Público (MP) inició investigaciones contra la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) por las recientes denuncias que hay contra la institución por supuestas irregularidades en las compras hechas en el marco de la emergencia por COVID-19.
De acuerdo con el MP, dicha investigación la lleva a cabo a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). Asimismo trabajarán en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Mediante comunicado, el MP informó que se adelantó al trabajo que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC); quien monitorea las compras y uso de fondos en la crisis.
Asimismo, el ente acusador del Estado recordó que presentó un recurso de Inconstitucionalidad en contra de la polémica Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos.
Lo anterior, por considerar, entre otros aspectos, que esa legislación violenta preceptos constitucionales. Según explican, excede su alcance y temporalidad a la validez del decreto que la contiene.
#FETCCOP y #ATIC investigan compras de emergencia en COPECO https://t.co/nSOYbCt8LM pic.twitter.com/MFqAwn841B
— Ministerio Público (@MP_Honduras) April 15, 2020
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Normativa del TSC frena lucha contra la corrupción
Además, el MP señaló que esa normativa remplaza la facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar y le otorga esta facultad al TSC. A juicio de la Fiscalía, dicha situación frena las atribuciones investigativas y avances en la lucha contra la corrupción.
También destacó que el Decreto Legislativo No. 116-2019, excede en su artículo 16, los límites que el artículo 222 párrafo tercero de la Constitución. Este establece que el TSC debe conocer el delito de enriquecimiento ilícito.
Por tanto, dicha atribución le brinda una facultad excesiva para intervenir en la calificación de otros tipos penales (al no señalar el decreto esta restricción expresa).
Lo anterior, imposibilita al MP el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.
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