Redacción. Juan Manuel Aguilar, director de la Policía Nacional, respondió este lunes a las críticas que diversos sectores han lanzado contra la institución por los limitados resultados del estado de excepción implementado por el gobierno desde 2,022.
Pese a que la institución reporta reducciones “históricas” en los homicidios y muertes violentas de mujeres, hasta junio del presente 2025 Honduras registró más de 900 homicidios.
La Secretaría de Seguridad ha atribuido la baja en los homicidios al estado de excepción. Sin embargo, sectores de oposición y analistas han asegurado que la medida no ha frenado la violencia.
Al respecto, Aguilar explicó que la Policía Nacional ha hecho un arduo trabajo, pero las reformas que solicitó la institución al Congreso Nacional nunca se cumplieron.
“La pregunta no es qué se ha dejado de hacer durante el estado de excepción, a mí pregúntenme por qué no me dieron las herramientas necesarias para poder cumplir con nuestro deber”, manifestó.
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En junio del 2024, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció una serie de acciones radicales en materia de seguridad del país. Entre ellas figuraban, reformas al código penal para endurecer penas y para declarar a las organizaciones criminales como terroristas, entre otras.
Reformas nunca llegaron
Sin embargo, el poder legislativo no dio importancia a lo solicitado, que iba a servir como un arma jurídica a la Policía Nacional y demás instituciones de seguridad.
“Nosotros se lo pedimos al Congreso Nacional, hicimos un listado de normativas jurídicas con las cuales nosotros tendríamos un mejor resultado que el actual. Eran un montón de reformas y no las obtuvimos”, reclamó Aguilar.
El oficial recordó que la Policía Nacional no cuenta con el personal necesario para hacer frente al crimen organizado.
“Me toma cuatro años formar un oficial y un año para formar a los funcionarios. Necesitamos un aproximado de 40 mil policías y ahorita solo tenemos 23 mil”, concluyó.
El Congreso Nacional ha fallado en dotar al aparato de seguridad del marco jurídico necesario para enfrentar con mayor contundencia al crimen organizado. La falta de voluntad política para aprobar reformas clave, como las propuestas por el CNDS desde 2024, ha limitado el impacto del estado de excepción y debilitado la capacidad de respuesta institucional.
