Tegucigalpa, Honduras.– La Junta Proponente que participará en el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP), se encuentra casi lista tras el nombramiento de seis de los siete representantes que participarán en la selección de la nómina que llegará al Congreso Nacional (CN).
El pasado 08 de mayo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ráquel Obando, emitió una convocatoria para que las organizaciones que conforman la Junta Proponente enviaran las acreditaciones de sus representantes a la Secretaría de la CSJ, antes de la medianoche de ayer lunes 22 de mayo.
En tal sentido, tras cumplir con el plazo, las organizaciones definieron a sus representantes, conformando hasta el momento la Junta Proponente de la siguiente manera:
Rebeca Ráquel Obando (preside la Junta Proponente)
Alejandro Hernández (Colegio de Abogados de Honduras CAH)
Blanca Izaguirre (Comisionado Nacional de Derechos Humanos)
Wagner Vallecillo (Corte Suprema de Justicia)
Odir Aarón Fernández Flores, (representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Julio Raudales (representante de las universidades privadas de Honduras)
No obstante, aún resta por definirse el delegado de la Sociedad Civil, quien causa preocupación por la demora en la elección de su representante.
«Me preocupa mucho la demora que ha habido en la escogencia del representante de la Sociedad Civil, particularmente, porque yo la Sociedad Civil la siento tan desarticulada, que no hay ninguna de ellas, de estas instituciones, que se proclaman representantes, que en realidad tenga una representatividad legítima», opinó el analista Olban Valladares.
Sin embargo, el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, indicó que «la Sociedad Civil escogerá su representante el 26 de mayo, cuando realicen su asamblea las organizaciones inscritas en la Secretaría de Transparencia y Secretaría de Gobernación».
Al completarse los siete representantes, éstos elegirán a los nominados a los cargos a fiscal. Los seleccionados sustituirán al actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla y al fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar Cruz, quienes terminarán sus funciones el próximo 31 de agosto de 2023.
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Etapas del proceso de selección de la nómina
Tras la elección de la Junta Proponente, esta deberá cumplir con el protocolo para la selección y representación de la nómina de candidatos/as a fiscal general y fiscal general adjunto (2023-2028).
La nómina que la Junta presentará al Congreso Nacional contendrá cinco candidatos que se seleccionarán conforme a lo establecido en los artículos 233 de la Constitución de la República y 19, 20, 21 y 22 de la Ley del Ministerio Público, los cuales detallan los requisitos para ocupar el cargo.
Entre las primera etapas del proceso de selección se encuentra la conformación de la Junta Proponente, la cual está próxima a cumplirse. Seguidamente, se realizará una convocatoria de participación, la inscripción de candidatos, las revisiones, evaluaciones y selección de los candidatos.
En la etapa de la convocatoria, la Junta emitirá un aviso para participar en el proceso de selección y nominación para ocupar los cargos fiscales. Asimismo, este se publicará por tres ocasiones en los diarios escritos con mayor circulación nacional.
Seguidamente, se encuentra la etapa de inscripción. De acuerdo con el protocolo, esta etapa durará veinte días. Una vez cumplido el plazo, no se recibirán más inscripciones.
Asimismo, para la inscripción los aspirantes deberán presentar junto a su documentación una fotografía tamaño pasaporte y una copia de su Documento Nacional de Identificación (DNI). También, copia autenticada de su título de abogado, certificado médico, autorización de someterse a las pruebas de confianza, constancias de instituciones públicas en las que haya laborado, entre otros.
Revisiones, evaluaciones y selección
Posteriormente, se llevará a cabo la revisión de carpetas de los postulantes; estas se revisarán por un Equipo Técnico de Apoyo que designe la Junta Proponente en el plazo de dos días, con el propósito de verificar la documentación requerida.
Asimismo, en caso de que a algún postulante le falte un documento, de ser necesario se le otorgarán tres días para las subsanaciones que deban hacerse. Luego de este plazo, si los aspirantes cuyas carpetas no contengan lo requerido, serán excluidos del proceso.
Tras realizar las revisiones, la Junta Proponente evaluará los perfiles de cada uno de los candidatos, es decir, sus antecedentes profesionales y personales.
Durante esta etapa, se valorará la experiencia profesional en el área penal y en instituciones operadoras de justicia. Asimismo, el conocimiento de la función fiscal, grados académicos y actividades extra profesionales que demuestre compromiso social.
Concluidas las evaluaciones, la Junta Proponente convocará a una audiencia pública a los aspirantes a candidatos que hayan aprobado las valoraciones. Las entrevistas serán grabadas y transmitidas a través de medios radiales y televisivos.
Finalizada la etapa de evaluaciones, la Junta deliberará y decidirá quiénes serán los cinco candidatos que integrarán la propuestas a presentar al Congreso Nacional.
Seguidamente, los candidatos electos pasarán al Poder Legislativo, que a su vez, escogerá a uno solo para cada cargo con 86 de los 128 votos del pleno. Si todo sale bien, estos funcionarios tomarán posesión de sus cargos el 1 de septiembre del 2023.