Redacción. El anuncio de las autoridades, hace unos días, sobre un presunto plan de asesinato contra el expresidente Manuel «Mel» Zelaya ha desencadenado una serie de reacciones.
El Ministerio Público acusó a tres ciudadanos, dos de ellos de la tercera edad, de haber organizado una conspiración para asesinar al exmandatario hondureño, lo que, según la fiscalía, también buscaba desestabilizar el orden institucional del país.
En este sentido, el exvicecanciller de Honduras para Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, se pronunció públicamente este martes respecto a los hechos, cuestionando tanto la calidad de las pruebas presentadas como la veracidad del caso.
En su cuenta oficial de X, García declaró: «Cualquier indicio de atentado contra un ex jefe de Estado requiere una investigación exhaustiva y rápida. Sin embargo, las pruebas presentadas solo son audios y un chat grupal.»
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Suspicacias
El exvicecanciller hizo énfasis en varios puntos que, a su juicio, generan dudas sobre la autenticidad de la acusación.
«1. Los acusados, adultos mayores, no tienen un perfil. 2. No hay evidencia de un plan. 3. No hay arsenal ni equipo. 4. No hay detalles sobre el lugar del atentado. 5. No hay una clara motivación, excepto frustración», expuso García, subrayando que las pruebas no logran corroborar la existencia de un plan claro o concreto.
Además, García expresó preocupación sobre el contexto en el que se han dado a conocer estos hechos. «Me recuerda conversaciones similares que se daban durante el gobierno de JOH (Juan Orlando Hernández) y preocupa que se genere un clima de intimidación y limite la libertad de expresión en chats o en público por temor a represalias», manifestó.
En este sentido, el exfuncionario advirtió sobre el peligro de que el país se convierta en un «Estado policial» si no se toman medidas rigurosas para proteger las libertades civiles.
Por su parte, el Ministerio Público detalló que las acusaciones contra los tres sospechosos se sustentan en pruebas técnicas y científicas, tales como interceptaciones de comunicaciones, grabaciones de audio y peritajes forenses.
Según el requerimiento fiscal, la conspiración no solo tenía como objetivo el asesinato de Zelaya, sino también el desestabilizar el gobierno actual mediante manifestaciones violentas y acciones desestabilizadoras. A juicio del ente acusador, este tipo de planes pone en riesgo la integridad del sistema democrático hondureño.
El caso sobre el supuesto complot contra el exmandatario ha generado diversas suspicacias en distintos sectores del país. Muchos argumentan que se trata de una «cortina de humo» utilizada por el oficialismo para desviar la atención de la población de temas nacionales clave.
