Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó que la extorsión es la segunda causa de desplazamiento forzado en Honduras.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, explicó que el 56% de las víctimas de extorsión no denuncian por falta de confianza en las autoridades. Especialmente los sectores como el comercio, transporte y pequeños negocios, quienes deben abandonar sus labores tras recibir amenazas.
Reyes cuestionó la efectividad de las políticas vigentes, incluyendo decretos de emergencia y la suspensión de garantías constitucionales. Asimismo, reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad de seguridad e investigación.
Según el Conadeh, el temor a que sus casos no sean atendidos disuade a las víctimas de denunciar. O sea, limita el impacto de las estrategias actuales para frenar este delito y el desplazamiento forzado.
Puedes leer: Violencia: más de 1,400 niñas víctimas de desplazamiento forzado entre 2019 y 2023
La violencia también es una causal
En días anteriores, Conadeh clarificó que los casos de violencia y extorsión han aumentado el desplazamiento forzado interno en Honduras.
Para la coordinadora de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, Alejandra Sánchez, el desplazamiento forzado interno es una situación que se origina por la violencia que impera en el país centroamericano.
Explicó que el fenómeno aumentó en los últimos ocho años, dejando entre 2016 y 2023 alrededor de 8,249 personas en riesgo o víctimas de tener que abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad física o su vida. Solo en 2016, Conadeh atendió 757 quejas de desplazamiento forzado interno, 688 en 2017, 861 en 2018 y 1,314 casos en 2019.
A mediados de 2020 se registró una reducción con 544 casos, pero éstos aumentaron nuevamente en 2021, alcanzando 917 casos a final de año; 1,417 en 2022 y 1,751 en 2023. Las cifras, según confirmó Sánchez, podrían incrementar en 2024 dado a los niveles de violencia en el país.
Sánchez, dijo que desde la UDFI se dedican a brindar atención a personas desplazadas internas. Es decir, por violencia o en riesgo de desplazamiento, así como a solicitantes de asilo y a quienes necesitan protección internacional.