Todos en Honduras conocen de cerca o a diario escuchan hablar de la extorsión, un fenómeno que ha ganado terreno llegando hasta lo más recóndito del país. El temor se apodera de aquel que recibe una llamada o un trozo de papel donde las maras y pandillas, sean grandes o pequeñas, «solicitan» una cuota semanal por vivir, operar y transitar en la zona que dominan.
Aunque miles de comerciantes, ciudadanos comunes y empresarios pagan el conocido «impuesto de guerra», los que experimentan a diario el terror y ven a cada instante un trozo de su tranquilidad marcharse son los transportistas.
El jueves 20 de diciembre, los sampedranos se levantaron con la noticia de que la empresa de transporte Catul Express llevaba tres días paralizada. Muchos pensaron que quizás tenían nuevas exigencias para el Gobierno de Honduras, pero se equivocaron.
Ahogados con las deudas y llenos de temor anunciaron que semanalmente cumplían con el pago de extorsión pero por motivos de temporada navideña, las maras y pandillas estaban exigiendo sus «pascuas» o «aguinaldo».
Adicional a lo que la empresa paga a la semana, les «solicitaban» un monto extra de L. 68 mil. Ante la incapacidad de los dueños de Catul Express, de los motoristas y ayudantes, de «saldar la deuda», decidieron cerrar operaciones temporalmente.
La actual situación de la compañía de San Pedro Sula hace surgir cientos de dudas. ¿Qué tan afectado está el sector transporte en la capital industrial? ¿Quiénes pagan y cuánto pagan? ¿Cuánto dinero recogen semanalmente las maras y pandillas por concepto de extorsión a transportistas? ¿Cómo funciona el proceso de pago? ¿Qué dan a cambio?
Reporteros de Diario Tiempo Digital se contactaron con un dirigente de transporte de la zona norte, cuyo nombre será omitido por seguridad, y hablaron sin tapujos sobre el fenómeno que tiene de rodillas a más de la mitad del país, la extorsión.
Nadie se salva de la extorsión
«El informante», como llamaremos al dirigente, reveló en primera instancia que de los transportistas de San Pedro Sula, nadie se salva del pago de extorsión. Cada ruta paga su cuota semanal y ahí no acaba todo. Algunos, incluso, «desembolsan» hasta a cinco estructuras criminales.
El cobro del «impuesto de guerra» empieza, en estos casos particulares, con una llamada al dueño de la empresa o ruta. El contacto no es directo con los motoristas y ayudantes, pero son ellos los que pagan las consecuencias cuando no hay acuerdo o puntualidad.
Los dirigentes de transporte cumplen un papel fundamental cuando «cae» una nueva estructura criminal. Ellos son los mediadores entre los mareros o pandilleros y los motoristas y ayudantes, pues deben definir cuánto dinero dará cada unidad, cuándo lo pagarán, quién lo entregará y dónde.
Además, en muchas ocasiones, cuando la exigencia de extorsión supera sus capacidades de trabajo, los dirigentes tratan de buscar una cifra más baja; aunque usualmente no aceptan. «Lo que ellos dicen, eso es, y los transportistas tienen que pagar», dijo el entrevistado.
Al consultarle a «El informante» cuánto pagaba cada empresa por extorsión semanalmente, nos brindó un ejemplo. La Ruta 2, que recorre sectores como la Satélite, La Pradera, barrio Cabañas, Primavera, barrio Barandillas, entre otros, paga L. 230 mil (920 mil mensual).
Suponiendo que la ruta cuenta con 100 unidades de transporte, cada una debe pagar a la semana L. 2,300 (9,200 mensual) para cancelar la cuota. Si las maras y pandillas les exigen las «pascuas» de L. 68 mil, deben pagar L. 2,980 (680 lempiras más de lo usual).
En resumen, los transportistas, prácticamente, «desembolsan» al mes como si tuvieran un empleado que gana más del salario mínimo nacional.
Mensualmente, según «El informante», en SPS se recogen entre 3 y 5 millones de lempiras por cobro del impuesto solo al rubro del transporte.
Las ganancias diarias de los transportistas
Dependiendo del estado de la unidad de transporte, ese será el costo de tarifa que pagarán los motoristas a los dueños de la empresa. Si el vehículo está nuevo es L. 1,200, si está en condiciones medias es L. 1,000 y si está viejo es de entre L. 700 y L. 800.
Asimismo, el dueño de la unidad es el encargado de pagar los gastos de operación; al final del día, al deducir este dinero, si ganaron L. 1,000 por un vehículo, se quedan con L. 500.
En cambio, el motorista de la unidad, luego de pagar tarifa, el dinero que recoge le pertenece; pero debe costear combustible, ayudante, gastos personales como alimentación, porcentaje de la extorsión y lo que sobra, es su ganancia.
Los motoristas y ayudantes cumplen con horarios de trabajo extenuantes. Algunos empiezan su labor a las 4 o 5 a.m. y terminan a las 6 o 7 p.m.
Pago de extorsión, ¿qué hay a cambio?
Los ciudadanos podrán pensar, ¿por qué pagar extorsión? ¿acaso les ofrecen algo a cambio? La respuesta es sí, pero el entrevistado nos comentó de qué se trata.
No, los pandilleros o mareros no brindan protección a los transportistas a cambio de pagar extorsión. Lo que ofrecen es «solo no quemar los buses y no matar a los trabajadores», manifestó el dirigente de la zona norte.
«Nosotros nos quedamos sin darles nada a los motoristas y sin hacer ni siquiera tamales para darles para entregárselo a ellos (pandilleros y mareros) para poder salvaguardar las vidas de nuestros empleados», agregó.
¿Por qué no se denuncia?
En Honduras existen varias entidades que supuestamente luchan contra la extorsión pero exponiendo la realidad, se logran capturas y capturas que ni siquiera minimizan el impacto del fenómeno en la sociedad.
«El informante» fue claro y enfatizó que en el país no hay seguridad en nada.
«Las autoridades saben bien lo que está pasando y ellos quieren que nosotros mismos seamos los testigos de esta situación. Ellos saben dónde están los delincuentes, dónde operan, cómo operan. Todo lo saben ellos, entonces cómo van a preguntarme a mí, que vaya a exponerme yo», dijo.
Añadió que cuando un transportista acepta declarar contra extorsionadores, «a los días ya desaparece alguien de la familia o él mismo».
De la misma manera, el entrevistado expresó que considera que en las maras y pandillas hay estructuras grandes «donde hay políticos, hay de todo ahí. Eso está bien fuerte y ese es el problema para destruir esto».
Caso de Catul Express
¿Qué ocurrirá con la empresa Catul Express? A criterio del entrevistado, si no consiguen recolectar el dinero, la opción que les queda es cerrar operaciones definitivamente.
Catul Express tiene 30 unidades y recorre desde la terminal y hasta la colonia Gracias a Dios, arriba de la Escuela Internacional. A diario viajan un promedio de unas 200 personas por bus y por 30 unidades, unas 6 mil a 7 mil personas.
¿No traería repercusiones para los dueños de la empresa, motoristas y ayudantes si cierran para no pagarles?, se le consultó a «El informante» y respondió:
«Mire, yo creo que la mayor parte de los transportistas vamos para ese mismo lugar. Es bien feo esto. Lo que uno puede tomarse con un trabajador, ir a entregarlo a otro lado. Es difícil, es una parte de las más difíciles de este trabajo que nosotros tenemos».
Comentó que cuando un compañero le cuenta que una nueva mara o pandilla les pide extorsión, el consejo que brinda es: «Negocia para que no haya muertos en ningún lado».
Cuando hay atentados o muertes
El entrevistado reveló además que cuando hay quema de buses, atentados o le quitan la vida a algún conductor, ayudante o propietario es para mostrar que no están jugando.
«Mire, eso sucede por una razón bien sencilla. A veces las personas no conocen o no creen que es la estructura criminal que les está llamando para eso, para la extorsión. Pues se confían y dicen: ‘No, este es alguien me quiere vacilar’. Entonces ahí es donde ellos (pandilleros y mareros) vienen y les muestran que son ellos quemando un bus, matando a las personas. Esta es la forma de trabajar de ellos».
Exigencias para las autoridades
Finalmente, «El informante» habló sobre el silencio y la falta de accionar de las autoridades a nivel nacional. Criticó que antes los militares estaban en las paradas de buses pero «hoy a saber qué se habrán hecho, será que están cuidando a los ministros, a saber a quién. Aquí no hay nada ahora en SPS».
Ante lo cual pidió seguridad jurídica, seguridad en general, pues no solo los transportistas lo exigen, sino todos los ciudadanos. Aparte de la extorsión también ocurren asaltos y ahí un motorista o ayudante no puede hacer nada.
«¿Ayudaría la presencia policial en puntos de buses, en los sitios de despacho o que anduvieran agentes en las unidades?», se le consultó.
«Que estuvieran en los paraderos y en las terminales sería excepcional para darle seguridad a los usuarios. Incluso que estén revisando si va armado o no. Que la municipalidad venga y diga: ‘Las unidades de transporte urbano van a parar en estas paradas nada más y chequear para que los motoristas no vayan a pararse en un lugar que no sea correcto, donde no estén chequeando a un pasajero que va a subir'».
FNAMP ante caso de Catul Express
El jueves 20 de diciembre, cuando se conocía el caso de Catul Express, la recién creada Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) con sus agentes llegaron a la Terminal Metropolitana de Buses de SPS.
Todos creyeron que resguardarían el lugar, que acompañarían las unidades, que tomarían la denuncia y actuarían, pero no ocurrió. La respuesta de la FNAMP para los transportistas que temían por su vida fue darles panfletos para «prevenir la extorsión».
¿Hasta cuándo la extorsión seguirá atemorizando a los hondureños? ¿Cuándo podrán los «extorsionados» recuperar su paz? ¿Cuándo podrán conciliar el sueño y recorrer las calles de la ciudad con tranquilidad y sin ningún temor?
Preguntas que quedan en el aire, tal como los «esfuerzos» de los entes antiextorsión.
