Redacción. En Honduras, la extorsión es una problemática que continúa afectando a la mayor parte de los ciudadanos en el país, quienes se ven forzados, por grupos criminales, a pagar el denominado «impuesto de guerra». Ejemplo de ello, son los trasportistas, quienes a diario viven ese flagelo y temen perder sus vidas si no cumplen con dicho pago.
La situación es tan compleja que las empresas del transporte se ven obligadas a paralizar sus unidades ante las amenazas de los extorsionadores. Las ciudades que, recientemente, han presentado mayor casos de ese tipo son: Tegucigalpa y San Pedro Sula.
A pesar de que en Honduras está vigente el estado de excepción, la problemática sigue imperando en el sector transporte. «El estado de excepción no va a dar el resultado que todo el pueblo hondureño espera porque no se ha puesto en marcha todos los componentes del estado de excepción. Es decir, abrir leyes que se tenían que aprobar en el Congreso Nacional, hace un año, y que no se han aprobado», manifestó Wilmer Cálix, dirigente del transporte.
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Estado de excepción
En ese sentido, el transportista explicó que «iba haber una reforma en el delito de la extorsión, que ya no necesitaría denuncia, e iba a pasar como el delito de tráfico de drogas que seria de orden público. Esa era una herramienta importantísima porque era eficaz para los fiscales, pero que lamentablemente no se ha realizado».
Expuso también que los entes de seguridad «atacan la extorsión» pero que en la judicialización, como no hay denuncia, los criminales, que viven de la extorsión, salen en libertad.
Por ello, Cálix aseguró que es difícil medir los logros de los entes de seguridad sobre esa problemática. «Para medirles los logros en bien difícil, han habido muchas capturas pero al final en la judicialización, en conseguir las penas, allí hay una falla garrafal. Vemos que en los juzgados la gente sale libre y no sabemos por qué».
«El llamado es al gobierno central que debe de implementar con toda su magnitud el estado de excepción, con las reformas a las leyes. Aplicar la ley de portabilidad, que no se cumple, y regular con mano firma los monederos electrónicos», agregó.
Extorsión
Las empresas del transporte público en la zona norte del país también se ven afectadas por el cobro de extorsión. Casi todas las semanas, se reportan paralizaciones de transporte en rutas de San Pedro Sula y municipios aledaños.
«La ciudadanía se queda sin su traslado porque se encuentran con la mala noticia que no hay transporte en su barrio o colonia y esto es repetitivo en el departamento de Cortés. Los municipios que, mayormente, reflejan esa situación son: San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, La Lima y Villanueva», externó Johnny Ortiz, dirigente de taxistas en la zona norte del país.
Del mismo modo, indicó que, recientemente, la Ruta 7 y 1 han tenido que paralizar sus operaciones por las amenazas de los extorsionadores. «La Ruta 7 continúa paralizada esto debido al insoportable cobro de la extorsión y asimismo también la Ruta 1 que tiene ya una semana de estar paralizada», añadió.
«Esto es insoportable porque son aproximadamente hasta 7 organizaciones que golpean al transporte y asimismo esto perjudica a los usuarios del transporte público», mencionó el transportista.
Ortiz, al igual que Cálix, lamentó que el gobierno aún no haya regulado el sistema de ventas de chip de teléfonos celulares y las transacciones virtuales atípicas. «Estas dos cosas son fuerte porque es el modus operandi de todas las estructuras criminales». «Si logran trabajar en ello, se estaría apaliando o neutralizado algunas bandas de extorsión, que, definitivamente, han visto una forma fácil de someter al rubro del transporte», apuntó.
Asesinato de transportistas
Una de las muertes más recientes por el cobro de la extorsión en el rubro del transporte, se registró el pasado lunes en la capital. El taxista Luis Alfonso Torres Valladares fue asesinado por un supuesto extorsionador mientras conducía su unidad de trabajo.
Ante ese lamentable hecho, el dirigente del gremio de taxis, en Tegucigalpa, Saúl Ventura, lamentó la muerte de su homólogo. «Nos dirigimos principalmente a la familia dándole un profundo pésame y resignación cristiana por la muerte del compañero Luis que andaba la unidad 2031 (Universidad-Kennedy). Estamos de luto la cuidad capital y el sector taxi en ese aspecto», dijo.
En ese sentido, solicitó a los antisociales que «ya no se sigan asesinando a nuestros compañeros porque estamos disponibles a dialogar, a llegar a puntos donde se puedan coincidir. No nos maten a nuestros compañeros, estamos disponibles a pagar, nunca nos hemos negado».
Asimismo, le pidió a la presidenta Xiomara Castro que «ese dinero que están utilizando supuestamente de la tasa de seguridad, se nos dé a nosotros porque no tenemos seguridad, estamos a la mano de Dios, desprotegidos». Señaló también que tanto los 7,300 taxistas legales que hay en Tegucigalpa así como los 25,000 a nivel nacional «vivimos en zozobra ante esta situación».
Y es que en lo que va del presente año, han perdido la vida 41 empleados del sector transporte a nivel nacional. Además, que, de enero a septiembre del 2024, los transportistas han pagado un estimado de 450 millones de lempiras en extorsión, según datos brindados por Wilmer Cálix.
Denuncias
Por su parte, el portavoz de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Mario Fu, aseguró que los empleados del sector transporte son los que menos interponen denuncias sobre el delito de extorsión en el país.
«Los que más denuncian, hoy por hoy, es el sector comercial informal, ellos son los que más denuncian. Los que menos denuncian, que son los que tienen la percepción más alta en temas de extorsión, son los transportistas. Ellos (los transportistas) no denuncian porque se ha logrado evidenciar que dentro de las terminales hay miembros de maras y pandillas infiltrados. Estos son los que infunden el temor dentro de ellos mismos para que no realicen la respectiva denuncia», detalló.
Del mismo modo, Fu reveló que «en lo que va de este año 2024 se ha logrado recepcionar más de 900 denuncias y estás, en su mayoría, están relacionadas con el delito de extorsión», apuntó.
En ese contexto, mencionó que «se han capturado a más de 1,570 personas en lo que va de este año. Pero de esas capturas no son todas específicamente por extorsión, es capturas por extorsión y delitos conexos«. «Es bien difícil segmentar el universo de detenciones. Es bien raro el marero o pandillero que no cobra extorsión y es raro decir que un pandillero solo se dedica a vender droga. Ellos también cometen el delito de extorsión», añadió.
Finalmente, indicó que Tegucigalpa y San Pedro «por ser las ciudades con mayor población y donde se centra el mayor comercio, son donde se registra mayor ilícito y donde se registran mayor número de capturas» sobre ese delito.
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