Redacción. El gobierno hondureño decidió prolongar una vez más el estado de excepción por un nuevo periodo de 45 días, confirmó este viernes el portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid.
La medida entró en vigor tras vencer el plazo anterior el jueves 3 de julio, según dio a conocer el uniformado.
Además, detalló que la extensión forma parte de la estrategia de seguridad que el gobierno impulsa desde 2022 para combatir el crimen organizado.

Estrategia criticada
Sin embargo, a pesar de su implementación prolongada, diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado dudas sobre su eficacia real.
En lo que va de 2025, Honduras ha registrado al menos 18 masacres en diferentes zonas pese a la medida de seguridad.
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A esto se suma el hecho de que muchas de estas muertes múltiples permanecen en la impunidad, lo que debilita la confianza en la política de mano dura como solución sostenible.
Críticos de la medida han señalado que el estado de excepción no ha sido acompañado de reformas profundas en el sistema judicial. Tampoco la han acompañado acciones efectivas en prevención del delito.
También alertan sobre el uso excesivo de la figura sin una supervisión legislativa adecuada, ya que la mayoría de sus prórrogas no se han ratificado en el Congreso Nacional, lo que genera dudas sobre su legalidad.
Las autoridades, por su parte, insisten en que este régimen ha permitido capturas importantes y la desarticulación de estructuras criminales. Aunque hasta ahora no se han presentado informes públicos actualizados que demuestren con claridad los avances alcanzados.

Mientras tanto, la ciudadanía continúa viviendo entre operativos, retenes y restricciones, mientras persisten los mismos niveles de violencia estructural que dieron origen a la medida.
Especialistas advierten que sin un cambio de enfoque, este mecanismo podría terminar normalizándose, sin ofrecer soluciones duraderas a la crisis de seguridad que enfrenta el país.