REDACCIÓN. Una jueza federal detuvo este viernes el uso de la deportación acelerada que el Gobierno de Donald Trump intentaba aplicar contra miles de inmigrantes. La medida buscaba expulsar rápidamente a personas que ingresaron a Estados Unidos y fueron liberadas bajo libertad condicional.
La magistrada Jia M. Cobb, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó frenar estas deportaciones. Señaló que el proceso era injusto y no ofrecía garantías legales a los migrantes. Muchos de ellos habían llegado huyendo de la persecución en sus países de origen.
La decisión responde a una demanda presentada por tres organizaciones: la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA. Estas agrupaciones acusaron al Gobierno de usar un sistema de expulsión “profundamente defectuoso”.
En marzo, la administración de Trump eliminó un programa creado por Joe Biden para regular la entrada de personas por la frontera sur. Desde entonces, comenzó a aplicar deportaciones rápidas a quienes habían sido admitidos bajo iniciativas humanitarias.
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La demanda representa a varios inmigrantes beneficiados por programas como “Operación Aliados Bienvenidos”, creado para personas evacuadas de Afganistán, y el programa CHNV, que ofrecía protección temporal a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los abogados de los demandantes explicaron que las autoridades no les daban a los migrantes la oportunidad de defenderse. Muchos deportaron sin audiencia y sin acceso a un abogado.
La jueza ordenó detener estas deportaciones mientras el caso sigue en la corte. La decisión marca un golpe a las políticas migratorias impulsadas por Trump y representa un respiro para miles de personas en situación vulnerable.
