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sábado, noviembre 16, 2024

Expolicía de La Ceiba, condenado a prisión por detención ilegal y abuso de autoridad

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Redacción. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos en La Ceiba, Atlántida, logró una sentencia condenatoria contra Juan Blas Antonino Rosales Ávila, exagente de la Policía Nacional de Honduras, por los delitos de detención ilegal en concurso ideal con abuso de autoridad en perjuicio de Elton Joel Banegas y de la Administración Pública del Estado.

Después de varios años de investigación y proceso judicial, la Fiscalía logró que el Tribunal de Sentencia de La Ceiba emitiera una sentencia condenatoria por estricta conformidad en contra de Juan Blas Antonino Rosales Ávila. La pena impuesta es de 3 años y 9 meses de reclusión.

La lectura formal de la sentencia se programó para el 14 de octubre de 2024 a las 3:00 p. m., cuando se oficializará la condena.

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Rostro del exagente policial.

Hechos

Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2015 cuando detuvieron a Elton Joel Banegas, analista del Ministerio Público, por conducir un vehículo sin licencia y en aparente estado de ebriedad.

Inicialmente, trasladaron a Banegas a la Jefatura Departamental de Policía N.º 1 de La Ceiba. Fue entregado a Juan Blas Antonino Rosales Ávila, quien, en su calidad de comandante de guardia, lo llevó esposado al área de celdas.

En lugar de seguir los procedimientos establecidos, Rosales Ávila y otros policías involucrados sometieron a Banegas a un trato violento. Antes de ingresarlo a las celdas, los agentes, entre ellos Rosales, esposaron y golpearon a Banegas.

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El exagente impulsó la paliza contra el detenido.

Según el informe médico forense, Banegas sufrió un hematoma en la región parietal derecha de la cabeza, escoriaciones por arrastre en el tórax posterior, el hombro y el brazo izquierdo. Asimismo, presentó equimosis en el cuello, el tórax anterior y un derrame hemorrágico en el ojo derecho. Las lesiones le causaron una incapacidad física de cinco días.

Además de la agresión, a Banegas lo mantuvieron ilegalmente en las celdas de la jefatura policial sin recibir asistencia requerida, lo que agravó la situación. Estos actos constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

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