Investigan explotación minera en Santa Bárbara

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Maquinaria decomisada.

SANTA BÁRBARA. Mediante un comunicado, el Ministerio Público enfatizó que la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de San Pedro Sula intensificó esta semana una serie de acciones y operativos en el departamento de Santa Bárbara, donde se investiga la explotación, sustracción y comercialización ilegal de oro de los ríos Bobo, Chiquila y Tarros que recorren el caserío de San José de Tarros, aldea el El Oro, municipio de Nueva Frontera y la aldea Chiquila, municipio de Macuelizo.

Estos trabajos han resultado en el decomiso de abundante maquinaria pesada tipo excavadoras, bombas extractivas, tanques de combustible y mangueras para succionar agua y sedimento, instrumentos que permiten la obtención de oro y generan beneficio económico a personas que se encuentran en proceso de identificación.

En tal sentido, la Fiscalía del Ambiente investiga la posible comisión de los delitos de Usurpación de un Derecho Real, Daños Agravados y Contaminación en perjuicio del Medio Ambiente, para lo cual se coordinan diligencias con la Fiscalía Local de Santa Bárbara, Unidad Fiscal adscrita a la FUSINA, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental de San Pedro Sula, Fuerza de Tarea Maya-Chortí, Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información (SERCAA) y Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

2Cabe señalar, que las investigaciones preliminares dirigidas técnica y jurídicamente por el Ministerio Público determinan que no existen personas naturales o jurídicas que hayan obtenido licencias ambientales de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) o concesiones mineras, metálicas o no metálicas otorgadas por INHGEOMIN.

Finalmente, en su boletín remarcaron que no es competencia de las autoridades municipales, emitir resoluciones para la explotación de minerales, bajo las figuras de Minería Artesanal, Pequeña Minería o Minería a Gran Escala, sin la respectiva autorización de INGEOMIN, por lo que se investiga si existe responsabilidad penal de funcionarios edilicios por delitos contra la administración pública y el medio ambiente.