Redacción. Henry Salinas, abogado especialista en temas anticorrupción, aseguró que no es necesario derogar ni reformar el artículo 205, numeral 37, de la Constitución de la República, el cual otorga al Congreso Nacional la facultad de establecer por ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios.
Según el experto, lo que hace falta es que los diputados cumplan con su deber constitucional de crear una normativa que regule la asignación y uso de esos fondos. “El artículo constitucional (…) otorga al Congreso Nacional la facultad para poder administrar esos fondos, pero no a los diputados, sino a terceros”, explicó Salinas durante un foro televisivo.
El experto agregó que “una cosa es lo que tenemos en la Constitución, que yo creo que no está mal. Yo sugeriría que no hay que derogarlo, no hay que reformarlo. Lo que hay que hacer es que los diputados se sienten y cumplan con este deber constitucional de crear esa ley para poder normar eso”.
Por su parte, Alex Navas, exmiembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), sostuvo que el problema radica en la práctica política y no en el texto constitucional.
“La acción legislativa ha sido distorsionada, ha sido un poco pervertida. El legislador está para hacer leyes. No puede ser que se le dé directamente dinero a los diputados con cheques”, advirtió. “Yo sí considero que los diputados no deberían, de ninguna manera, manejar fondos públicos, porque esto pervierte la acción”.
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Escándalo en Sedesol
Las declaraciones surgen luego de que el lunes 23 de junio se divulgara en redes sociales un video en el que la diputada de Libre por Copán, Isis Cuellar, admite haber entregado cheques para fines de equipamiento político. En la grabación, la congresista sostiene una conversación con José Carlos Cardona, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sobre la distribución de los fondos.
El escándalo provocó una fuerte presión pública que desembocó en la renuncia de Cardona. Por unanimidad, el Consejo de Ministros aceptó su dimisión. La Secretaría de Desarrollo Social quedó así en el centro de las críticas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El numeral 37 del artículo 205 de la Constitución establece que corresponde al Congreso Nacional “establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico social”.
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