TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Sala IV del Tribunal de Sentencia condenó por un delito de abuso de autoridad a la exjueza Liz María Núñez, pero fue absuelta por prevaricato en el denominado caso Shalom.
Por lo tanto, Núñez recobrará la libertad, ya que se le cambió la prisión preventiva por medidas cautelares. Cabe mencionar que el delito de abuso de autoridad tiene una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
La abogada defensora Ernestina Núñez dijo que su clienta es absuelta por el cargo de prevaricato y sentenciada culpable por abuso de autoridad.
La medida cautelar contra la antes mencionada contempla que deberá firmar el libro de control cada 15 días. Asimismo, la audiencia de determinación de la pena se fijó para el martes 18 de septiembre.
Los hechos
A Núñez Cardona se le acusó de favorecer judicialmente a dos parientes del exmiembro del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, quien guarda prisión por este mismo caso. La acusación en contra de la exfuncionaria judicial la presentó el Ministerio Público. Lo anterior, en conjunto con la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ).
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Acusados
Por el caso «Shalom» también se acusó el abogado Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, quien, según acusación del Ministerio Público, cometió el delito de tráfico de influencias al intentar beneficiar a un familiar acusado en el caso mencionado con la supuesta ayuda de Delmy Elizabeth López y Liz María Núñez.
Por este caso está acusado el exvicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, este último es culpable por un delito de tráfico de influencias. Lo anterior, al intentar beneficiar a un familiar acusado en el caso mencionado.
La acción cometida fue en complicidad de Delmy Elizabeth López y Liz María Núñez, según investigaciones del Ministerio Público.
El exvicepresidente está recluido en el Centro Nacional Penitenciario de Támara. También están presos en este caso Carlos Roberto Bonilla, lo condenaron únicamente por el delito de lavado de activos. Mientras que a Luis Antonio Lara por el delito lavado de activos, se suma a la lista el almacenamiento de armas prohibidas y comerciales. Así como el de usurpación del estado civil.
