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lunes, enero 20, 2025

Exfuncionarios del CN enfrentan requerimiento fiscal por borrar archivos entre 2018 y 2022

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REDACCIÓN. El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de tres personas acusadas de la sustracción y destrucción de documentos clave que pondrían en evidencia irregularidades en el Congreso Nacional durante el período 2018-2022.

El MP acusa a Carlos Roberto Avilés Moncada, ex director financiero del Congreso Nacional; Cinthya Marcela Oyuela, ex gerente administrativa; y José Rolando Perdomo, ex pagador especial del departamento de Pagaduría.

En esta acción participó la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

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Comunicado del Ministerio Público (MP).

«Los imputados están acusados de los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia y daños a datos y sistemas informáticos», detalla el comunicado.

De acuerdo con las autoridades, las acciones se realizaron para encubrir supuestas irregularidades cometidas durante el período 2018-2022.

Hechos

La investigación señala que los imputados sustrajeron documentos del departamento de Pagaduría. Del mismo modo habrían actuado en Contabilidad y Dirección Administrativa del CN entre noviembre de 2021 y enero de 2022.

El Ministerio Público (MP) indica que los implicados trasladaron el material a viviendas de particulares para protegerlo de la administración entrante.

«Esta información, que contenía evidencia de supuestas irregularidades cometidas, fue destruida. Incluso, una parte la quemaron en una propiedad vinculada al exdirector financiero», detalla el documento.

Exfuncionarios del CN enfrentan requerimiento fiscal
El caso se registró durante la administración pasada del Congreso Nacional.

Asimismo, la investigación señala que en este lugar también se encontraron sellos y documentos pertenecientes a Casa Presidencial. Además, el análisis forense reveló que manipularon, formatearon y sustituyeron varios discos duros.

La investigación también arroja que los implicados ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos como USB y procedieron a instalar nuevos sistemas operativos.

«Es inaceptable que aquellos en quienes se deposita la confianza del pueblo utilicen sus cargos para destruir evidencia de su mala gestión», destacó el Ministerio Público.

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