Redacción. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los exfuncionarios públicos Rigoberto Portillo Mejía y Jaime Banegas Zerón.
Según los informes, ambos exfuncionarios están acusados de formar parte de una red de corrupción dentro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Las investigaciones fueron impulsadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), lo que llevó a la realización de la audiencia de declaración de imputado.
Según estos entes, los imputados integraron una estructura de poder que, valiéndose de información confidencial, arrendó de forma irregular bienes incautados por el Estado.
Las acciones legales se dirigen en contra de Banegas Zerón, quien se desempeñó como exdirector de fiscales del Ministerio Público, y de Portillo Mejía, exintegrante de la OABI.
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Seguimiento
El caso se remonta a 2014, cuando un empresario hotelero firmó un contrato de arrendamiento con la OABI por varios bienes inmuebles incautados. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades descubrieron que las personas que gestionaron dicho contrato no eran empleados legítimos de la institución, sino individuos que actuaron utilizando documentación falsa.
Entre los involucrados se identificó a un comisionado, un abogado y otro supuesto empleado, quienes habrían montado el presunto fraude, causando perjuicio tanto al empresario como al Estado.
Durante la audiencia, el Ministerio Público imputó a los exfuncionarios los delitos de estafa, asociación para delinquir, uso de información privilegiada, concusión y malversación por aplicación oficial diferente.
Los imputados habrían cometido presuntamente estos delitos en perjuicio de un testigo protegido, de la administración pública, de la fe pública y de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.
Pese a la gravedad de los cargos, la jueza decidió no imponer detención preventiva. En su lugar, ordenó que Portillo Mejía y Banegas Zerón se presenten ante el juzgado cada 15 días. Del mismo modo, se les prohibió salir del país sin autorización y les impidió comunicarse o acercarse al testigo protegido.
Adicionalmente, como medida preventiva, suspendió de manera inmediata a Portillo Mejía de su cargo.
Programación
La defensa de los acusados argumentó que ambos poseen arraigo familiar, laboral y domiciliario. Estas medidas influyeron en la decisión de la jueza de otorgarles las medidas sustitutivas.
El juzgado programó la audiencia inicial para el miércoles 7 de mayo a las 10:00 de la mañana. En esa instancia se espera que las partes amplíen los detalles del caso y definan los pasos siguientes en el proceso judicial.
