TEGUCIGALPA-HONDURAS. El exfiscal Aldo Santos, señaló este día que no es recomendable reformar el nuevo Código Penal sin que este haya entrado en vigencia, porque cualquier intento de reformarlo, no se aplicaría mientras dicha normativa no cumpla con la ‘vacatio legis’.
Según el exfiscal, «la ‘vacatio legis’ es la oportunidad para que los legisladores, operadores de justicia y para la población amplíen su conocimiento de la norma jurídica. Permite, además, que cuando se publique el Código Penal, se establezca su parte dispositiva final y la vigencia».
En ese sentido, reveló que se ha hablado de ampliar la vigencia al Código, pero no podría aplicarse beneficios en relación al tema de delitos contra el honor.
“Mientras el Congreso no establezca si el mismo entrará en vigencia, y mientras no se apruebe un decreto sobre la ‘vacatio legis’, no puede haber reformas”, puntualizó Santos.
Asimismo, expuso que, si se amplía la ‘vacatio legis’, es claro que el nuevo Código Penal, con todo el articulado, entraría en vigencia el 2020. Pero de no lograrse, entraría en vigencia en noviembre de este año.
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Retroactividad de la ley aplica para procesos abiertos y procesos aún condenados
De ese modo, enfatizó que no se debe olvidar que la retroactividad de la ley, aplica para procesos abiertos y para procesos aún condenados. “Es por eso que se puede recurrir al beneficio de la nueva ley”, señaló el togado.
En relación al anuncio del Poder Legislativo de eliminar los delitos contra el honor en la nueva normativa penal, reiteró que no puede haber reforma en este momento, si la ley no entra en vigencia. “Para que haya reformas, tiene que haber entrado en vigencia”, insistió finalmente.
Cabe señalar que se prevé que el Nuevo Código Penal entre en vigencia el próximo 10 de noviembre, pese que sectores de sociedad civil, económicos y políticos piden se extienda el período de la ‘vacatio legis’.
Sobre el tema, la exdiputada del PAC, Fátima Mena, opinó el sábado que al menos 62 artículos del nuevo Código Penal, tienen «serias controversias». Y, por ende, se debe alargar por un año la vigencia de ese instrumento jurídico.
