Redacción. Durante una operación liderada por el Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), tres exempleados del Congreso Nacional han sido formalmente procesados y recibirán prisión preventiva por la sustracción y destrucción de documentos oficiales durante el periodo 2018-2022 con el propósito de encubrir presuntas irregularidades cometidas en esa institución
Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero; Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa; y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del departamento de Pagaduría, son los acusados de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, así como de daños a datos y sistemas informáticos.
El operativo
Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que entre noviembre de 2021 y enero de 2022, los imputados sustrajeron documentos importantes de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa. Los trasladaron a viviendas particulares bajo el pretexto de protegerlos de la administración entrante del periodo 2022-2026. Pero la verdadera intención era destruir los documentos, los cuales contenían evidencia de supuestas irregularidades cometidas.
La información, que incluía soportes contables, financieros y registros de pagos, fue destruida y parte de ella incinerada en una propiedad vinculada al exdirector financiero. En ese lugar también se encontraron sellos y documentos pertenecientes a Casa Presidencial, lo que amplía el alcance de las presuntas irregularidades.
Manipulación informática
Además de la destrucción física de documentos, el análisis forense reveló que manipularon varios discos duros. Se descubrió que los acusados formatearon y reemplazaron los discos; incluso ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos, como memorias USB.
Para eliminar aún más evidencias, instalaron nuevos sistemas operativos en los equipos con el objetivo deliberado de borrar información financiera crucial. El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan esclarecer la magnitud de las irregularidades y a las personas involucradas en este intento de encubrimiento.
La situación sigue en desarrollo. Las autoridades continúan trabajando para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, los acusados enfrentan el proceso judicial por estos delitos graves.
