Redacción. Un juez dictó este viernes auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Dennis Emilio Hércules Rosa y José Martín Pastrana, exintegrantes de la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su presunta participación en actos irregulares relacionados con la contratación de servicios logísticos en las pasadas elecciones primarias.
Ambos fueron acusados por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en perjuicio de la administración pública, luego de una investigación de las autoridades que reveló graves omisiones en el cumplimiento de sus funciones.
Según el expediente presentado por las autoridades, los imputados habrían favorecido de forma indebida a la empresa Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., propiedad de Carlos Fonseca.
A pesar de que la empresa no contaba con flota vehicular registrada, ni acreditó capacidad técnica ni idoneidad para garantizar el transporte seguro del material electoral, recomendaron su contratación.
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Irregularidades
El contrato adjudicado a dicha empresa ascendió a 64,789,021.78 lempiras, cifra que superó en más de 21 millones de lempiras el presupuesto originalmente asignado para ese proyecto logístico.
La Fiscalía sostiene que la firma del documento contractual, realizada el 7 de marzo, apenas dos días antes de las elecciones, evidencia un proceso apresurado y carente de transparencia.
Durante los comicios primarios, el pasado 9 de marzo, una de las principales irregularidades fue el traslado del material electoral. Las maletas fueron transportadas en buses de transporte público, conocidos como «rapiditos», y sin la debida custodia por parte de las autoridades. Esta situación provocó retrasos significativos en la llegada de las maletas electorales a los centros de votación.
Durante la audiencia inicial, celebrada ante el juez competente, se impusieron a los imputados medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Entre estas medidas se encuentran la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Secretaría del Juzgado.
Además, se estableció la supervisión bajo la custodia de sus apoderados legales, así como la rendición de una fianza hipotecaria por parte de ambos imputados. Finalmente, se les prohibió acercarse o ingresar a las instalaciones del órgano electoral.
Las autoridades programaron la audiencia preliminar para el próximo 6 de octubre a las 9:00 de la mañana. En esta instancia se decidirá si el caso avanza a juicio oral y público.
