Redacción. Un juez natural dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país a Marta Doblado, exdirectora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
La medida se tomó durante la audiencia de declaración de imputado y responde a su presunta participación en un fraude que generó un perjuicio superior a 3,084 millones de lempiras al Estado hondureño.
La audiencia inicial quedó programada para el martes 9 de septiembre.
Según el requerimiento fiscal, Doblado formó parte de una red de corrupción que operó durante más de dos décadas. Esta estructura utilizó demandas ilegales, contratos irregulares y laudos arbitrales sin respaldo legal.
La red involucraba a exfuncionarios, jueces, abogados y un diputado del Congreso Nacional. Se valió de vacíos legales y complicidad judicial para sustraer fondos públicos, según el Ministerio Público.
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El caso se remonta al año 2000, tras el huracán Mitch, cuando el gobierno adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que subcontrató irregularmente a NAINSA, empresa que no tenía vínculo contractual con el Estado.
Posteriormente, ambas compañías presentaron demandas fraudulentas contra el Estado, respaldadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, lo que invalidaba su valor legal.
Implicados
Entre los imputados por fraude se encuentran Lidia Cardona Padilla (exprocuradora general de la República), Nelson Javier Márquez Euceda (exsecretario de Sedecoas y actual diputado), Eva Vásquez (exdirectora legal de Sedecoas-FHIS), Juan Fernando Madrid Lezama (apoderado de NAINSA), Caronte Rojas Zavala (exárbitro) y Murray Paul Farmer (representante de DRC Inc.).
También hay jueces implicados por prevaricato judicial y otros funcionarios señalados por uso y falsificación de documentos.
El modus operandi de la red, según el ente acusador, incluyó presentar demandas basadas en laudos nulos y celebrar convenios extrajudiciales que nunca se cumplieron. También aprovechaban, según la acusación, la falta de supervisión de algunos jueces para lograr pagos millonarios al margen de la ley.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas acciones provocaron un grave daño económico al erario público durante más de 20 años. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los demás implicados y garantizar el debido proceso legal.
