Redacción. Un documento oficial emitido desde Houston, Texas, revela detalles comprometedores sobre el excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Rodríguez, quien enfrenta cargos por corrupción a nivel internacional.
Según el informe, presentado en Noticiero Hoy Mismo, Molina fue detenido en octubre de 2023 en Texas, Estados Unidos, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos, en el marco de una investigación que abarca operaciones financieras transnacionales y el uso de empresas fachada para recibir sobornos.
El expediente judicial especifica que la audiencia de sentencia ha sido programada para el próximo 29 de septiembre de 2025 a las 10:00 de la mañana, en la división de Miami, ante la jueza Melissa Damian.
Entonces se definirá si Molina será condenado a un período de encarcelamiento, en cuyo caso será puesto en prisión preventiva de manera inmediata tras concluir la audiencia. La orden judicial, firmada por la jueza Damian el 3 de junio de 2025, indica que solo bajo ciertas condiciones se consideraría una prórroga de dicha detención preventiva.
La investigación estadounidense se basa en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una legislación federal que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en el contexto de actividades comerciales.
Bajo esta normativa, las autoridades calificaron a Juan Molina como “funcionario extranjero” por su cargo como exdirector titular del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, la agencia estatal hondureña responsable de adquirir uniformes y otros insumos para la Policía Nacional de Honduras.
Proceso
De acuerdo con la documentación judicial, entre 2015 y 2019, Juan Ramón Molina Rodríguez y otros funcionarios hondureños, entre ellos un exalto funcionario de Tasa, también identificado como “Funcionario Extranjero 1”, recibieron pagos de sobornos de parte de ejecutivos de una empresa estadounidense, denominada “Compañía Georgia 1”.
Esta empresa obtuvo contratos gubernamentales valorados en más de 10 millones de dólares para la venta de uniformes policiales. A cambio, se canalizaron sobornos mediante un esquema de lavado de dinero internacional.
Molina habría utilizado una empresa pantalla offshore, constituida fuera de Estados Unidos y con una cuenta en el «Banco de Belice I», para recibir los fondos ilícitos. Paralelamente, el “Funcionario Extranjero 1” controlaba una red de empresas ficticias y cuentas en Centroamérica y EE. UU., utilizadas para ocultar los pagos corruptos.
La red incluía también la compañía pantalla Offshore 2, registrada en Belice en 2016, que recibió fondos provenientes del mismo esquema. El esquema de lavado incluyó la creación de contratos falsos, facturas fraudulentas y el uso de intermediarios financieros. Las transferencias pasaban por bancos en Estados Unidos y otros países, incluyendo cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.
Investigaciones
Por su parte, el Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentó este lunes un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina.
Este requerimiento se relaciona otro presunto caso de corrupción, vinculado al suministro irregular de tarjetas PVC para licencias de conducir. Las autoridades ya capturaron a Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., quien también está implicada en este caso.
Las autoridades acusaron a ambos por los delitos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos. Habrían defraudado al Estado hondureño por un monto de 18,547,200 lempiras. La investigación revela que, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular un contrato a la empresa Plasticards.
Esta empresa se había constituido apenas dos meses antes. A pesar de haber pagado el total acordado por la compra de 480 mil tarjetas, el país solo recibió 258,000.
Mecanismo
Según el informe fiscal, apenas tres días después de realizarse un pago de L18.5 millones a Plasticards (el 22 de enero de 2022), Liana Mayorga transfirió L17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L. Esta empresa, propiedad de Juan Molina, estaba legalmente inhabilitado para contratar con el Estado por su rol en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Además, se evidenció el uso de empresas extranjeras, como Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en EE. UU., y el uso de sistemas financieros en Estados Unidos y Francia para triangular fondos y lavar dinero público.
Como parte de la acción penal, el Ministerio Público hondureño aseguró 7 bienes inmuebles. También se incautaron 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculadas a los imputados.
Este caso, según las investigaciones, ha desvelado una presunta red de corrupción institucional. Esta operaba desde el Estado hondureño en connivencia con actores internacionales. Utilizaban estructuras legales y financieras complejas para el desvío de recursos públicos.
