Redacción. La presidenta hondureña Xiomara Castro anunció este martes que su gobierno alcanzó un acuerdo para la continuidad del tratado de extradición con Estados Unidos, que expiraría el 28 de febrero de 2025. Esta decisión pudo haber evitado que el país fuera considerado un «territorio terrorista».
El acuerdo alcanzado es significativo, ya que inicialmente el tratado —vigente desde el siglo pasado— fue denunciado el pasado 28 de agosto por Castro, lo que generó fuertes reacciones en contra. Diversos sectores advirtieron que su eliminación daría vía libre a los narcotraficantes para operar con impunidad en Honduras. Pero ahora se ha confirmado su continuidad hasta el 27 de enero de 2026.
Este nuevo plazo otorga a las autoridades hondureñas la posibilidad de decidir si desean continuar con el acuerdo o, por el contrario, optar por su eliminación definitiva. La decisión que tome Honduras en este sentido es crucial, de manera que no seguir con el tratado podría acarrear consecuencias graves para la nación.
Territorio terrorista
El experto en derecho penal José Tercero Midence advirtió que la postura de Estados Unidos es clara: cualquier país que no cuente con un tratado de extradición es considerado —en términos diplomáticos— un «territorio terrorista».
Midence explicó que cuando el presidente estadounidense emite una orden ejecutiva para definir quiénes son los actores terroristas, especialmente en el contexto de los cárteles de drogas, encarga a figuras como Marco Rubio (secretario de Estado) la tarea de realizar investigaciones. Las conclusiones de estos análisis llevarían a la clasificación de ciertos grupos como terroristas.
Subrayó que, en caso de que Honduras decida no mantener el tratado de extradición, la Constitución de Estados Unidos otorga al presidente la facultad de desplegar tropas si considera que la seguridad de su país está en riesgo.
También enfatizó que, de llegar a esta situación, las implicaciones serían serias. Si Rubio informa al Departamento de Seguridad Nacional sobre grupos de narcotráfico que no pueden extraditarlos a causa de la falta de un acuerdo, el presidente estadounidense —amparado en las leyes de su país— ordenaría el envío de fuerzas de seguridad no sólo para capturar a estos individuos, también para «eliminarlos» si lo considera necesario.
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Posibles acciones de Estados Unidos
Cuando Estados Unidos designa a una persona u organización como terrorista se habilitan tres posibles acciones en su contra. La primera opción consiste en que las fuerzas de seguridad locales capturen al señalado y lo entreguen a las autoridades estadounidenses.
La segunda alternativa contempla la intervención de las Fuerzas Especiales, que podrían ejecutar una operación para eliminar físicamente al individuo o al grupo en cuestión. La última permite que el sospechoso se entregue voluntariamente y lo juzguen en Estados Unidos.