Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños, una medida que entrará en vigor en 60 días y que dejará en situación migratoria irregular a más de 55,000 compatriotas que han residido legalmente en ese país desde 1999, tras el paso del huracán Mitch.
La decisión fue adoptada por la Secretaría de Seguridad Nacional, liderada por Kristi Noem, quien argumentó que Honduras ya no enfrenta las condiciones extraordinarias que motivaron la designación inicial del TPS.
El informe oficial indica que “las condiciones resultantes del huracán Mitch ya no causan una interrupción sustancial, pero temporal, en las condiciones de vida en el área afectada”.
De acuerdo con el documento divulgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Honduras ha logrado avances significativos en su infraestructura y calidad de vida.
Indicadores
Entre los indicadores más destacados figuran el 95.7 % de la población tiene acceso a fuentes de agua potable. El 83.8 % accede a servicios sanitarios básicos y el 93.2% cuenta con energía eléctrica.
Además, EE. UU. califica al país como un destino atractivo para el turismo y la inversión inmobiliaria, y resalta el apoyo recibido por parte del Banco Mundial para mejorar la gestión de riesgos y emergencias. Estos programas, según el informe, han beneficiado a 1.3 millones de personas y generado nuevos empleos.
Esta medida se dio luego de que la funcionaria estadounidense, Kristi Noem, sostuviera una reunión con la presidenta Honduras, Xiomara Castro, donde se firmó un convenio sobre migración. Las autoridades hondureñas dieron a conocer que plantearon a Noem la necesidad de la ampliación del TPS, por lo que confiaban en que los migrantes hondureños seguirían gozando del beneficio.
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Respuesta
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional lamentó la decisión y expresó su “profundo pesar” ante la cancelación del TPS.
La Cancillería afirmó que desde el inicio de la administración de la presidenta Xiomara Castro, se han realizado gestiones diplomáticas para solicitar una extensión del estatus migratorio, incluyendo cartas formales dirigidas a los presidentes Joe Biden y Donald Trump.
El Gobierno aseguró que la medida no refleja el estado actual de las relaciones bilaterales y destacó que Honduras fue reconocida recientemente por la secretaria Noem como un “socio valioso” en temas de migración y cooperación.
Ante este nuevo escenario, los 18 consulados hondureños en Estados Unidos han sido instruidos para ofrecer asesoría legal gratuita y apoyo directo a los afectados.
“Se veía venir”
El canciller Javier Bú Soto calificó la cancelación como una medida esperada, y afirmó que varias organizaciones ya preparan acciones judiciales para intentar detenerla:
“Es una política que se veía venir, incluso se ha cancelado el TPS para países que eran considerados aliados. No fue una sorpresa”, manifestó.
Bu indicó que aún existen opciones para ajustar el estatus migratorio y que se activará el programa “Hermano hondureño, vuelve a casa”, para apoyar el posible retorno voluntario.
Además, anunció que continuarán buscando los acercamientos con el gobierno estadounidense y las formas para poder atender a los hondureños que decidan retornar al país.
“Tenemos una muy buena relación con la administración Trump, la vamos a mantener y así la vamos seguir manteniendo, pero sí sabíamos y había que ser realistas que esto iba a pasar”, apuntó.
Agregó: “Esperamos que haya soluciones humanas para nuestra gente en el medio y largo plazo. Lo que se debió haber hecho hace años es un lobby para una reforma migratoria. La gente que está trabajando y aportando merece una oportunidad”.
Irreversible
La defensora de derechos de los migrantes, Itsmania Platero, calificó la medida como «letal» para miles de familias hondureñas:
“La cancelación implica la pérdida de permisos de trabajo, licencias de conducir, acceso a salud, y la disolución de empresas fundadas por tepesianos (beneficiarios del TPS)”, expresó. A la vez, indicó que los tepesianos empleados podrían perder su empleo y dependerá de sus empleadores si continúan laborando.
Platero denunció que la visita de la secretaria Noem solo fue utilizada para firmar acuerdos peligrosos para Honduras, como el de “tercer país seguro”, sin una contraprestación clara para Honduras.
También criticó que se haya generado confusión en el país, hablando erróneamente de una “ampliación” del TPS.
“A Honduras la han visto como el enemigo de Trump, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son países que han estado altamente señalado por los abusos a los derechos humanos… Es negociable, quizás. Teníamos que ver cuál es el equipo legal que tiene el canciller, que nos han engañado, que no ha hecho nada por acercarse”, concluyó.
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Impacto social y económico
El experto en temas internacionales Omar García advirtió que la medida generará graves consecuencias sociales y económicas en Honduras.
“Lo que tenemos es la pérdida de trabajo, estabilidad social, los hijos no tendrán posibilidades de estudiar en centros estatales, hay varias cosas que están perdiendo. La presión sobre el dólar aumentará por la caída en las remesas”, manifestó.
Sin embargo, García también destacó que el retorno de los tepesianos podría representar una “remesa de conocimiento”, ya que muchos cuentan con experiencia técnica, empresarial y profesional valiosa para el país. Señaló que Honduras debe prepararse para recibirlos con oportunidades reales, de lo contrario, el impacto será aún mayor.
García expuso que la medida es irreversible, que es deber del país recibir a los hondureños que retornen y apoyarlos.
¿Qué les queda?
La abogada migratoria Marcela Caro explicó que la cancelación no implica deportaciones automáticas e indicó que aún existen alternativas legales para ciertos grupos tepesianos.
Explicó que los hondureños que contaban con el TPS y que tengan vínculos familiares (matrimonio o hijos nacidos en EE. UU.), podrán buscar la residencia.
Asimismo, aseguró que los compatriotas que tienen empresas podrían darles continuidad a sus negocios si pagan impuestos y cumplen requisitos legales. Y en algunos casos, podrán recibir permanencia laboral a criterio de los empleadores.
“La comunidad tepesiana ha aportado a la economía estadounidense y eso pesa ante un juez federal», aseguró.
La medida representa un nuevo desafío para los miles de hondureños amparados por el TPS desde hace más de dos décadas. La incertidumbre domina el panorama, mientras se desarrollan acciones legales en EE. UU. y se espera el resultado de posibles reformas o nuevas decisiones políticas bajo el próximo gobierno estadounidense.
Mientras tanto, organizaciones migratorias recomiendan a los afectados buscar asesoría legal inmediata, mantener la documentación actualizada y estar atentos a cualquier cambio que pueda abrir una nueva vía de regularización.
