Redacción. El Comisionado Nacional de Los Derechos Humanos (Conadeh) documentó que ha recibido más de 1,000 denuncias sobre abusos de parte de las fuerzas de seguridad y el orden en Honduras durante la vigencia del estado de excepción.
Esta medida entró en vigencia en Honduras desde el 6 de diciembre del 2022, y según las autoridades de Gobierno estaba orientado a una lucha frontal contra las maras, pandillas, grupos organizados y delitos conexos, como la extorsión, que aquejan al país desde hace muchos años.
Sin embargo, desde su vigencia, el Conadeh viene reportando este tipo de denuncias por abusos y violaciones a los derechos humanos. Según el ente, muchos agentes policiales y militares han usado el estado de excepción para infringir la ley y afectar a la población.
Luis Martínez, asesor jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, detalló que, «el Conadeh ha manifestado en reiteradas ocasiones que no se siga extendiendo el estado de excepción y ha hecho diversas recomendaciones a través de diversos documentos como ser informes anuales o especiales de que cese esta práctica».
La vigésima tercera extensión de la medida se publicó hace tan solo un par de días en el Diario Oficial La Gaceta. En la actualidad, permanece activo en 226 de los 228 municipios del país, donde según las autoridades, hay más incidencia delictiva.
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Martínez también comentó que la preocupación del ente de derechos humanos aumenta debido al contexto político, ante la cercanía de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Estadísticas
«El Conadeh desde el inicio del estado de excepción en diciembre del 2022 hasta la fecha ha registrado un total de 1,006 quejas en el marco al estado de excepción… se han vulnerado derechos como ser la libertad personal, donde se encajan otros como ser el uso excesivo de la fuerza de la detención o el allanamiento, y también durante el traslado», añadió el funcionario del Conadeh.
Según el ente, en estos 32 meses de estado de excepción, diversos sectores de la población hondureña presentaron quejas en contra de miembros de la:
- Policía Nacional
- Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco)
- Dirección Policial de Investigaciones (DPI)
- Otras
«Se ven también actos de tortura, tratos crueles y degradantes en el trato que se les da a estas personas (detenidos)», explicó Martínez. A su vez, resaltó que la mayoría de denuncias son contra la Dipampco y es una situación preocupante para el Conadeh.
En ese contexto el ente reiteró su llamado a las autoridades hondureñas para abstenerse de seguir ampliando el estado de excepción a través de decretos PCM, y en su lugar adopten una política de seguridad con enfoque a los derechos humanos.
«El estado de excepción no ha sido la herramienta que asegure derechos fundamentales de la población y logre contrarrestar la inseguridad que el país está enfrentando», afirmó el ente nacional.
Instrumentalización
El Conadeh reiteró que el decreto de suspensión de garantías está encaminado a combatir el crimen, pero las fuerzas del orden lo han usado como instrumento para actuar al margen de la ley, considerando los requerimientos fiscales que gira el Ministerio Público.
También, recalcó que es preocupante que la medida se extienda en año electoral. Abre una oportunidad a que se lleven a cabo situaciones que violen los derechos humanos de la población.
«Es necesario que se suspenda el estado de excepción para no entorpecer ni limitar los derechos políticos de los ciudadanos en el país, de cara a las próximas elecciones generales de noviembre», añadió Martínez.
En ese sentido, recomendó que es fundamental que para los comicios generales en el país se genere, promueva y garantice un entorno propicio, para el pleno ejercicio de las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, las cuales se encuentran limitadas en el marco del estado de excepción.
Por último, Martínez recordó que en una contribución escrita del Conadeh, presentada con motivo del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU —al que Honduras será sometida en noviembre próximo—, se pidió recomendar al Estado que ponga fin a esta medida. Lejos de generar resultados positivos, está propiciando violaciones a los derechos humanos.
