La ejecución de acciones policiales fundamentadas en la decimoctava ampliación del estado de excepción, sin contar con la debida aprobación del Congreso Nacional, podría constituir una violación a derechos constitucionales, según analistas.
El gobierno afirmó a la oposición que la de noviembre del año anterior sería la última extensión de la suspensión de las garantías constitucionales. Sin embargo, el pasado domingo se publicó en el Diario Oficial La Gaceta una nueva extensión de la medida por 45 días, a partir de las 6:00 p.m. del domingo 5 de enero de 2025, hasta las 6:00 p.m. del miércoles 19 de febrero de 2025.
Con la nueva ampliación del estado de excepción, suman 18 las veces que han extendido la medida desde el 6 de diciembre de 2022, cuya finalidad es combatir el crimen organizado, maras y pandillas, la reducción de homicidios y la extorsión. Sin embargo, a criterio de diferentes sectores, no ha tenido un efecto positivo en beneficio de la población.
El artículo 187 de la Constitución de la República establece la normativa bajo la cual se puede aprobar la suspensión de los derechos constitucionales. Entre ellas, se indica que se debe convocar al Congreso Nacional para que, en un plazo de 30 días, conozca el decreto y lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que estuviera reunido, debía conocerlo inmediatamente. En ese sentido, los expertos señalaron que, sin la aprobación del Poder Legislativo, el decreto no tiene validez.
Sin valor y efecto
Sobre el tema, el analista y abogado Germán Licona dijo que, sin la aprobación del Congreso Nacional, la ampliación del estado de excepción no tiene valor ni efecto para impulsar el accionar policial.
“La parte operativa de ampliar el estado de excepción, vinculando a las fuerzas del orden, es correcta, pero mientras el Congreso Nacional no sesione y apruebe este decreto ejecutivo, no surte valor ni efecto”, manifestó.
El togado expresó que donde ha surgido la mayor problemática es en el artículo 99, que establece que el domicilio es inviolable y que el ingreso debe ser con el consentimiento de las personas. De esto han surgido cientos de denuncias de violación de derechos humanos. En ese sentido, señaló que cualquier agente de la Policía Nacional o Militar que ingrese a un hogar sin la ratificación del decreto podría exponerse a responsabilidad penal.
“Podrían incurrir en una responsabilidad penal, lo que pone en detrimento la operatividad y moral de las fuerzas del orden para desempeñar una función que la vemos correcta, pero que la institucionalidad y el Poder Legislativo no han podido acompañar con las solicitudes en relación con las reformas al Código Penal, otras leyes que se han solicitado de parte de la Policía Nacional, como reformas a la Ley de Portabilidad, endurecimiento de algunas penas y nuevas figuras para determinar que las personas que realizan extorsiones puedan ser decretadas como terroristas”, concluyó.
Un error
El analista Oliver Erazo considera que las acciones de las fuerzas policiales basadas en la ampliación del estado de excepción no tienen validez si no lo ratifica el Poder Legislativo.
“Para que este decreto de suspensión de garantías tenga vigencia, tiene que pasar por el Congreso Nacional, para evitar los excesos y desvíos de poder. Si pretenden que con la publicación en La Gaceta ya tiene validez, están cometiendo un error, y todos los órganos policiales que actúen bajo este decreto sin haber sido aprobado por el Congreso están actuando de manera nula”, indicó.
Erazo criticó que en las distintas bancadas políticas no se alcanzan los consensos, por lo que se busca imponer algunas medidas.
“Actos como este, al no ratificarse, son un atentado a la democracia y la institucionalidad democrática. No podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado… El estar suspendiendo las garantías constitucionales cada 45 días no ha generado los resultados esperados. No está funcionando porque quienes lo manejan no saben hacer su trabajo”, dijo.
Concluyó señalando que la medida es para la seguridad ciudadana, pero que la población no tiene confianza en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional. “Ya está instrumentalizado. Cuando no siguen los procesos constitucionales hay una instrumentalización del poder”, sentenció.
Herramienta para persecución
La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, manifestó que la bancada no acompaña la extensión del estado de excepción porque no tiene los resultados esperados y, en este año político, sería utilizada para perseguir a la oposición.
“Nosotros hemos mantenido nuestra postura enérgica, coherente y pública. Hemos visto con preocupación que la seguridad ciudadana no funciona, no ha dado los resultados esperados, y hay abusos con esta medida, porque hemos visto actuaciones al margen de la ley. El pueblo sigue siendo víctima de asaltos y extorsión, y no están seguros ni en su propia casa”, expresó.
La congresista dijo que el partido de gobierno les aseguró que la extensión de noviembre sería la última, “pero es un gobierno mentiroso. Nuevamente, hacen esta ampliación de 45 días. Lo peor es que la mandan a publicar en La Gaceta sin aprobación del Congreso”. Al mismo tiempo, afirmó que están exigiendo que se convoque a sesiones para declarar nula la medida de seguridad.
Mejía señaló que, en este año electoral, usarán la herramienta para perseguir a la oposición. “Van a buscar cualquier medida para callar a la oposición… Esta herramienta la van a utilizar políticamente de cara a las elecciones. Como están tan caídos en las encuestas, están buscando estas medidas que no benefician al pueblo”, concluyó.
Preocupación
El Partido Liberal de Honduras emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la ampliación del estado de excepción de cara a las elecciones internas.
“En vista de que la campaña electoral ya se encuentra en marcha, condenamos especialmente la suspensión de las libertades de asociación y reunión garantizadas en el artículo 78 de nuestra Constitución, que son vitales para poder llevar a cabo las reuniones políticas durante el periodo electoral”, reza el escrito.
Apunta que se debe detener la implementación de este nuevo estado de excepción y buscar soluciones integrales. “No podemos permitir que los estados de excepción se conviertan en la norma. Honduras necesita avanzar hacia soluciones de seguridad que respeten las libertades y protejan a su gente”, señala.
El Congreso Nacional sigue en parálisis y no ha convocado a sesión durante 2025. Lo que mantiene en vilo la ratificación del estado de excepción y genera incertidumbre sobre la validez de las acciones policiales realizadas bajo este decreto.
