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miércoles, febrero 12, 2025

España otorga residencia a migrantes afectados por la DANA: hondureños están incluidos

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Redacción. Más de 25,000 migrantes, entre ellos varios hondureños, que residen en zonas afectadas por el devastador temporal de octubre de 2024 en España, podrán beneficiarse de medidas extraordinarias aprobadas este martes por el Gobierno español.

La catástrofe provocó la muerte de 232 personas, principalmente en la provincia de Valencia, donde las lluvias torrenciales del 29 de octubre causaron graves inundaciones.

En la reunión semanal del Consejo de Ministros, se autorizó una regularización para los migrantes en situación irregular y una prórroga automática para aquellos con permisos vigentes. Las medidas buscan evitar que los afectados por el temporal caigan en una situación de irregularidad sobrevenida debido a las dificultades derivadas de la catástrofe.

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Hondureños figuraron entre la lista de los afectados.

Beneficiarios 

Según el Ministerio de Migraciones, se estima que al menos 25,000 personas podrán beneficiarse. El dato lo respaldan en registros del Instituto Nacional de Estadística y oficinas de Extranjería en las áreas afectadas. Entre los migrantes que se verán favorecidos, hay ciudadanos de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Venezuela.

Una de las medidas clave es la concesión de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales para aquellos migrantes y sus familiares que residían en los municipios afectados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Este permiso, válido por un año, les permitirá residir y trabajar en España. Además, los familiares de las víctimas mortales de la catástrofe recibirán una autorización de residencia con una vigencia de cinco años.

España otorga residencia a migrantes afectados por la DANA
Los hondureños que residen en España y fueron afectados recibirán este beneficio.

También se aprobó la renovación automática de permisos de residencia temporal o por estudios para los migrantes cuya vigencia caduque entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025. Estas medidas se toman para resolver las complicaciones derivadas del desastre natural, buscando garantizar seguridad jurídica tanto para los migrantes como para los empleadores.

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